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LA DESOCUPACIÓN Y EL HAMBRE CRECEN DEBIDO A LA CUARENTENA PARA HACERLE FRENTE AL CORONAVIRUS

Esta desocupación artificialmente creada, algo inconcebible en un país en quiebra, quita a la población la posibilidad de alimentarse adecuadamente

Por Juan José Guaresti (nieto).Para hacerle frente al coronavirus —enfermedad infecciosa para la que todavía no hay vacuna— nuestro gobierno prohibió a la población salir de su casa, por lo que una gran parte de ella no puede desplazarse a sus lugares de trabajo.

Esta desocupación artificialmente creada, algo inconcebible en un país en quiebra, quita a la población la posibilidad de alimentarse adecuadamente y puede llegar a debilitar las defensas naturales de las personas y así aumentar las posibilidades de contagio de este morbo o de otros; desde el hambre no se puede batallar contra ninguna enfermedad. También se suprimió virtualmente al Poder Judicial, elemento importantísimo para vencer el desorden económico y social imperante en nuestro país: la actual situación institucional exige tomar prontas e inteligentes medidas para restablecer la República.

Consideraciones generales

El grado de letalidad del coronavirus es mínimo si se tienen en cuenta el total de la población y el total de infectados, difícil de establecer con exactitud ya que algunos enfermos no experimentan síntomas.

 

Entre quienes sí los manifiestan, la gravedad es muy variada: muchos no requieren atención hospitalaria y para restablecerse deben hacer reposo y recibir cuidados médicos en su domicilio; por otra parte, quienes sí son trasladados a un hospital pueden tener que utilizar un respirador artificial —sin el cual morirían— o necesitar atención médica en terapia intensiva.

Se sabe que los enfermos más graves son aquellos que tienen, además de la infección, enfermedades previas, como diabetes, cáncer, obesidad u otras. Hace no muchos días una alta autoridad sanitaria de la Provincia de Buenos Aires detalló, por ejemplo, que el 40% de los fallecidos en ese ámbito tenía alta presión arterial. De estos hechos se ha podido inferir que existen personas que son más vulnerables al ataque del  coronavirus y otras que, teniendo aparentemente un buen estado de salud, tienen muchísimas menos posibilidades de contagiarse.

En las estadísticas aparece la edad de los fallecidos y se ha deducido, aunque sin un examen exhaustivo, que a partir de los setenta años hay mayor peligro de contraer la enfermedad. Médicos de fama mundial se resisten a aceptar la superficialidad de este análisis y se aferran a la tesis del padre de la medicina, Hipócrates (470-360 A.C.), quien sostenía que no había enfermedades sino enfermos. Es decir, que lo que debe examinarse no es la edad sino el estado de cada organismo. Si siguiéramos esta línea de pensamiento, la inmensa grey de niños mal nutridos que tenemos en la Argentina, los ancianos no mejor alimentados y que no reciben la medicación correcta, y otros grupos vulnerables están hoy en máximo peligro, por lo que habría que actuar con la decisión del caso. No se debe perder más tiempo encerrando a personas sanas que pueden trabajar y producir, sino que es necesario salir a buscar a quienes son más vulnerables.

Al día de la fecha, el coronavirus ha causado en la Argentina alrededor de 1.300 muertes desde su llegada hace cuatro meses, es decir, una tasa anual de aproximadamente 4.000 muertes. Para que se tenga una idea de lo que implica este número es preciso recordar que entre 1918 y 1919, cuando nuestra Patria tenía 8.000.000 de habitantes, la denominada fiebre española causó un total de 22.000 decesos; teniendo en cuenta que ahora somos 44.000.000,  para igualar esa cifra debería haber 121.000 fallecimientos provocados por el coronavirus.

El decretazo que dejó a parte de la población argentina sin empleo y al país sin justicia

Se trata del Decreto de “necesidad y urgencia” Nº 297/2020 del 20 de marzo de 2020, un decreto que obligó a la mayoría de la población a permanecer en sus casas —en una suerte de prisión con algunos retazos de libertad—: solo estaban permitidas las salidas para adquirir provisiones, medicamentos y artículos de limpieza, “haciendo desplazamientos mínimos e indispensables”. Entre otras limitaciones inconcebibles —no vistas siquiera en épocas de dictadura—, a estas personas se les prohibió trabajar (art. 2º), es decir, poner en funcionamiento aquello que San Gregorio Magno consideraba el instrumento redentor de la dignidad del hombre.

El plazo de este confinamiento brutal era, inicialmente, hasta el 31 de marzo de 2020, pero aún no se ha levantado y seguirá hasta el próximo 17 de julio, cuando seguramente vuelva a ser prorrogado si el pueblo no atina a defenderse y a no aceptar medidas que lo conducen irremediablemente al hambre. Estas, amén de la difusión insensata del miedo —que hace que cada persona sea mirada como portadora del mal—, están destruyendo también los sentimientos más puros del hombre, que considera a la otra persona tan hija de Dios como él. Se están demoliendo las relaciones familiares y se induce a pensar que todos son enemigos de todos, por lo que es mejor aislarlos y que dejen de ser miembros de la comunidad humana.

El artículo 6º del decretazo establece en un total de veinticuatro artículos una extensa nómina de personas que quedan excluidas del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” debido a que se dedican a los considerados “servicios esenciales”. Dentro de esa nómina se encuentran las autoridades del gobierno nacional, legisladores y jueces nacionales que integran los poderes Legislativo y Judicial, y de los gobiernos provinciales y municipales. A estas personas, ya que pueden circular libremente, se les debía haber realizado una revisión adecuada durante los más de cien días que llevamos de cuarentena para saber si están o no infectados o si, por alguna situación personal o de salud, son propensas a contraer Covid-19. Es evidente que nuestro decretazo le prohibió al coronavirus interesarse por funcionarios públicos importantes que no solo son impunes sino también, al parecer, inmunes.

Supresión del Poder Judicial

Resulta llamativo que en medio de una crisis económica de grandes proporciones como la que está atravesando el país — previa al  coronavirus y cuyo origen se remite, en buena medida y según los realmente entendidos, a que la Administracion Pública no tiene los controles adecuados de legalidad que ejerce el Poder Judicial sobre ella— se suprima la acción, precisamente, de quienes pueden controlar a la Administración Pública. A día de hoy, muchos de los cargos están vacantes porque sus titulares no han sido nombrados; lo primero que debe hacerse es cubrir esas vacantes con jueces de primer nivel. Si queremos tener una buena economía —algo imprescindible para elevar el nivel sanitario de la población— es necesario tener una justicia imparcial, celosa de su deber y de su autoridad, que sepa que cuanto antes se haga justicia en los litigios, crecerán y se impulsarán las inversiones y la energía creadora de los habitantes de tan rico suelo como es el nuestro. En este escenario de desquicio y arbitrariedad, se suprimió la actuación de quien podía imponerse al desorden imperante desde el derecho.

Quien no trabaja, no come y es atacado por el coronavirus

La prohibición de salir de casa para trabajar y realizar una vida normal impuesta a una población que hace lo que puede en un país en quiebra, ha tenido como inevitable consecuencia el cierre de miles de empresas emplazadas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y ha dejado a muchísimas otras en una situación más que delicada. Debido a esto, millones de empleados del sector privado han perdido su trabajo o sufrido una reducción significativa de su salario; sus patrones consideran imposible seguir luchando contra un gobierno despótico e inhumano que los priva de su fuerza de trabajo y entorpece toda posibilidad de desenvolvimiento para salvar lo que se pueda del desastre imperante.

El gobierno todavía no se ha dado cuenta de que, a día de hoy, millones de personas no tienen ingresos porque las empresas donde trabajaban cerraron o porque para subsistir no tienen más opción que dejar de pagarle al personal o pagarle solamente la obra social para que al menos reciba atención médica. En la Argentina, el sistema bancario escasamente funciona y la Administración Pública brinda pocos y malos servicios, pero pretende cobrarle impuestos a quienes tienen vedado trabajar para así conseguir el dinero que les permita pagarlos. Cada día que pasa se van debilitando las posibilidades que tiene la población de adquirir alimentos, pagar servicios indispensables y medicación, ver a los afectos a o visitar los lugares que acostumbra.

De esta forma, las defensas del organismo van decayendo gradualmente —tanto físicas como psicológicas— y cada día aumenta la posibilidad de contraer el coronavirus u otras enfermedades. Es de esperar que el pueblo argentino finalmente entienda que está sometido a la ley inexorable de la Naturaleza que afirma que “cuanto más débil sea un ser vivo, más vulnerable será”, y que reaccione, sin vacilar, contra la prohibición de trabajar y de construir su destino. Recuerde estimado lector: usted está preso en su casa al igual que los seres a los que ama, pero no por el coronavirus, sino porque se han violado las leyes de la República y le han prohibido obtener los instrumentos para combatirlo.

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