POLÌTICA: SON NOTORIAS LAS DISIDENCIAS EN EL SENO DEL GOBIERNO
Los planteos podrían ser vistos como consecuencia de lo heterogéneo de la alianza armada para llegar al poder, pero entre los reclamantes se coló nada menos que el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro
Hay sectores del oficialismo que empezaron a recordarle a Alberto Fernàndez, que buena parte de su poder no le pertenece, que llegó a la presidencia por elección de Cristina Kirchner por lo que su liderazgo tiene límites precisos. Esos sectores le reclamaron públicamente un cambio de posición respecto de los ex funcionarios presos por corrupción.
Los planteos podrían ser vistos como consecuencia de lo heterogéneo de la alianza armada para llegar al poder, pero entre los reclamantes se coló nada menos que el ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro. Lo que bajo cualquier otro gobierno hubiese sido entendido como un ultimátum y una inequívoca crisis política, en el presente caso mereció el casi completo silencio de los medios.
En principio había sido Hebe de Bonafini la que le exigió que dijera de «qué lado» estaba cuando se pide la liberación de los presos «políticos» como Boudou o Sala. Pero, claro está, todos conocen a Bonafini y el episodio no pasó a mayores. Después fue Milagro Sala la que le recordó que seguía presa. Para estos casos Fernández se atiene a su discurso de campaña: no hay presos políticos, porque los detenidos fueron sometidos a proceso. En la Argentina lo que hay son «detenidos arbitrarios».
Pero la irrupción por Twitter de De Pedro cambió la naturaleza del asunto. El mensaje fue claro: «Milagro sala lleva cuatro años detenida, no queremos más presas y presos políticos en la Argentina». El texto fue ilustrado con un tweet de la Cámpora pidiendo la libertad de la piquetera. De Pedro es ministro de Fernández, pero su jefa política es Cristina Kirchner. ¿Pudo haber dado ese paso sin consultarla?
La misma pregunta se podría formular respecto de otros dirigentes ligados a CFK que se cruzaron con el presidente en los últimos días. Sergio Berni, por ejemplo, vapuleó a la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y terminó polemizando directamente con Fernández. Berni también recordó que su jefa política es Cristina Kirchner.
Pero el caso más relevantes es el de Axel Kicillof. El gobernador anunció que no pagará el vencimiento el próximo día 26 de bonos emitidos por la provincia en 2011 por 275 millones de dólares. Lo hizo sin consulta previa con los acreedores y, según todos los indicios disponibles, sin un acuerdo con el gobierno nacional. De inmediato surgieron versiones contradictorias sobre si la estrategia había sido coordinada con la Casa Rosada o si se trataba de una iniciativa de Kicillof. Lo indudable es que se trata de una señal de dureza que no sintoniza con la del Poder Ejecutivo que pagó hasta ahora los vencimientos de bonos en dólares.
El gobernador alegó insolvencia y acusó a la gestión anterior de dejar tierra arrasada, pero el ex ministro de Economía bajo el macrismo, Hernán Lacunza, salió a refutarlo. Aseguró que el 10 diciembre de 2015 la deuda con que se encontró María Eugenia Vidal era mayor que la recibida por Kicillof y que tenía caja para pagar un vencimiento que representa apenas el 2% de la deuda total de la provincia.
Más allá de la polémica, en el circuito financiero hay quienes aseguran que hace dos meses Kicillof ya tenía decidido no pagar. Su problema es que a su distrito le correspondió el primer vencimiento en dólares bajo la legislación de Nueva York, lo que lo obligó a dar el primer paso.
En ese trance tomó la iniciativa sin tener en apariencia el visto bueno de los acreedores. La fecha hasta la cual eligió postergar el pago es el 1º de mayo. Para entonces se debería saber cómo le fue al gobierno nacional en la negociación global. La idea del gobernador sería ofrecerle la mismas condiciones a sus bonistas que las que ofrezca la Nación.
La jugada es sin duda riesgosa, porque tiene que conseguir el apoyo de los tenedores del 75% de las acreencias. Fuentes de la provincia admitieron el miércoles pasado que el porcentaje es «muy exigente». Pero el eventual fracaso no es el único peligro. La presión a los acreedores proyecta un interrogante sobre la negociación nacional de la que depende de manera directa el plan económico. Esa negociación tiene como tope el 31 de marzo, porque el 22 de abril vencen los bonos emitidos por Prat Gay para pagar a los «holdouts» que había dejado el kirchnerismo. Por eso Kicillof puso como «deadline» el 1º de mayo. Para entonces se sabrá si Fernández saltó la primera y más difícil valla de su carrera de cuatro años y tiene alguna chance de consolidarse en el poder.Fte. textual La Prensa
