viernes 30 de octubre de 2020
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LA JUSTICIA PROCESÓ A POLÍTICOS DEL FRENTE PARA LA VICTORIA Y A EMPRESARIOS DE DROGUERIAS

Lijo resaltó en la campaña presidencial de Cristina Kirchner de 2007 «se lavó dinero» y resaltó que en el caso de los aportes electorales realizados por droguerías, los fondos «eran de origen ilegal

Juez Ariel Lijo

El juez federal Ariel Lijo afirmó esta mañana que en la campaña presidencial de Cristina Kirchner de 2007 «se lavó dinero» y resaltó que en el caso de los aportes electorales realizados por droguerías, los fondos «eran de origen ilegal».

En una entrevista esta mañana, poco después de procesar a empresarios y dirigentes del Frente para la Victoria, el magistrado respondió al ser consultado si se había lavado dinero en esa campaña: «Según mi resolución, efectivamente eso ocurrió».

El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 dispuso en las últimas horas, y tras ocho años, el procesamiento de Héctor Capaccioli (ex superintendente de Servicios de la Salud e integrante de la Mesa Ejecutiva de la Alianza Frente para la Victoria), Sebastián Gramajo (ex diputado porteño y responsable político de la alianza electoral), y los responsables de las droguerías Multipharma, Global Pharmacy y Seacamp Néstor Lorenzo, Carlos Torres, Gabriel Brito y Solange Bellone, la viuda de Sebastián Forza, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez.

«Está probado que las personas responsables de esta maniobra son las imputadas y las que están procesadas. No tenemos pruebas que el resto estuviera al tanto o hubieran apañado o consentido esta situación», respondió el juez, al ser consultado sobre si Cristina y Néstor Kirchner sabían de lo que ocurrió en esa campaña.

Según el juez federal, «se terminó demostrando que parte del financiamiento que se obtuvo para la campaña del 2007, fundamentalmente el que tiene que ver con el aporte de algunas droguerías, tenía origen ilegal, por lo tanto se trata de un caso de lavado de dinero«.

En un reportaje con Radio Nacional, Ariel Lijo manifestó que «en el 25 por ciento de los aportes de las droguerías, el financiamiento desde el punto de vista del origen del dinero, fue ilegal».

«El delito de lavado de dinero debe tener origen en un hecho delictivo previo. El delito precedente no tiene que tener una condena firme. Pienso que la ley reclama que haya un grado de convicción suficiente de que el origen es ilegal. O que no se pueda demostrar el origen legal del dinero», afirmó el juez.

Lijo resaltó que, para tomar su decisión de activar los procesamientos, se tomó en cuenta que «no existía registración contable de los aportes, todos los recibos aparecieron en un mismo lugar y ninguno tenía capacidad económica para hacer los aportes que hicieron. Esas mismas personas están procesadas por asociación ilícita en la mafia de los medicamentos o están imputados en la causa de la efedrina«.Fte.Infobae

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