JUSTICIA: El más alto Tribunal de la Nación ordenó que se haga público entre YPF y Chevrón
El pronunciamiento del máximo tribunal surgió como respuesta a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani, luego de que la petrolera argentina se negara expresamente a brindarle la información
La Corte Suprema de Justicia ordenó que YPF haga públicas las cláusulas del acuerdo que firmó con Chevron para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas Loma de la Lata Norte y Loma Campana, en la provincia de Neuquén.
El pronunciamiento del máximo tribunal surgió como respuesta a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani, luego de que la petrolera argentina se negara expresamente a brindarle la información que había solicitado sobre ese proyecto de inversión, en especial la relacionada con la calidad ambiental y las actividades que desarrollarán.
La decisión lleva la firma de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda –Elena Highton de Nolasco emitió un voto en disidencia–, y destaca que «la libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan«.
En este sentido, los miembros de la Corte recordaron que «el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus dimensiones individual y social».
Con base en dichos principios, la sentencia del Máximo Tribunal examina la particular situación de YPF y en especial destaca que el Poder Ejecutivo no sólo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además «ejerce un rol preponderante en su Gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la Presidente de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio».
Así, la Corte Suprema arribó a la conclusión de que la sociedad se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, «debe permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades».
