LA JUSTICIA FEDERAL ORDENÓ LAS PRIMERAS MEDIDAS EN LA CAUSA SOBRE ESCUCHAS ILEGALES
Fuentes judiciales adelantaron que el magistrado escogió a la Gendarmería para llevar adelante las tareas, una fuerza muchas veces utilizada por los magistrados por considerar que está menos comprometida que la policía o el Ejército
La Justicia actuó con celeridad para avanzar en la investigación de la denuncia de escuchas ilegales a políticos, periodistas, famosos y magistrados. Anoche, el fiscal Ramiro González y el juez Sebastián Casanello se reunieron en los tribunales de Comodoro Py para dar los primeros pasos en la instrucción de la causa.Entre sus primeras decisiones estuvo dictaminar el secreto de sumario, por lo que por el momento no trascendió información sobre si ya hubo o no algún tipo de procedimiento. «Ni bien recibimos el requerimiento de instrucción ordenamos las primeras medidas instructorias y el secreto de sumario. Por eso sobre la causa en sí no puedo decir mucho», relató el juez.
Fuentes judiciales adelantaron que el magistrado escogió a la Gendarmería para llevar adelante las tareas, una fuerza muchas veces utilizada por los magistrados por considerar que está menos comprometida que la policía o el Ejército.
El escándalo se desató este martes a la tarde, luego de que las diputadas macristas Laura Alonso y Patricia Bullrich presentaran ante la Justicia una denuncia por presuntas escuchas ilegales contra políticos, periodistas, magistrados, famosos y otras personas.
En su denuncia, las legisladoras del frente Cambiemos aseguraron haber recibido el listado de los espiados a través de una fuente anónima con algún tipo de vínculo con los servicios de inteligencia. «La persona que se contactó me refirió que el listado daba cuenta que se estuvieron y se están realizando una interceptación de líneas telefónicas y almacenamiento de datos provenientes de Whatsapp, mails, mensajes de texto, en los teléfonos celulares y computadoras», detalló Alonso.
Las presentaciones fueron radicadas en los tribunales de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. La primera cayó en el juzgado de Sebastián Casanello, mientras que la segunda quedó en manos de Emilio Ramón Canicoba, hijo de Rodolfo Canicoba Corral, magistrado cuestionado por su cercanía con el gobierno nacional. Esta mañana, el juez del partido bonaerense de San Martín aclaró que todavía no había recibido la denuncia.
De acuerdo con la presentación, el espionaje se habría realizado desde dos lugares, uno ubicado en San Juan y Entre Ríos, en la Ciudad de Buenos Aires, y el otro en dependencias del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citefa), en Villa Martelli.Fte.infobae
