LAS ENCUESTADORAS DEBERÁN INFORMAR A LA JUSTICIA ELECTORAL QUIENES LOS CONTRATAN Y CUANTO COBRAN

En su acordada, la CNE, compuesta por los Jueces Dalla Via, Munné y Corcuera, instó a las encuestadoras a cumplir con la ley 26.215 de financiamiento de partidos políticos (reformada en 2009 por la ley 26.571). Esta norma dispone que aquellas empresas que deseen divulgar sus trabajos o prestar sus servicios a agrupaciones políticas o a terceros deben inscribirse en un registro ante la Cámara.

Una vez inscriptas, se les exige que durante la campaña electoral «y ante cada trabajo realizado para una agrupación política, o para terceros, las empresas deberán presentar ante el registro del distrito correspondiente un informe donde se individualice el trabajo realizado, quién hizo la contratación, el monto facturado por trabajo, un detalle técnico sobre la metodología científica utilizada, el tipo de encuesta, el tamaño y características de la muestra utilizada, procedimiento de selección de los entrevistados, el error estadístico y la fecha del trabajo de campo».Seguidamente, remarcó que de las 35 encuestadoras inscriptas en el registro -que es de acceso público- sólo ocho remitieron sus respectivos informes técnicos correspondientes a este año electoral. Ellos son Julio Aurelio (Aresco); Ricardo Rouvier & Asociados; Radio Bahía Blanca SA; Hugo Haime & Asociados; Fundación para la Dignificación del Hombre en el Trabajo (Observatorio de Política y Democracia); Opinaia SA; Observatorio Económico y Social de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de la Cuenca del Plata y Carlos Fara & Asociados.La polémica más resonante ocurrió hace dos semanas, con el ballottage de la elección a jefe de gobierno en la Capital: las principales encuestadoras vaticinaron una diferencia de diez puntos a favor de Horacio Rodríguez Larreta (Pro) sobre su rival Martín Lousteau (ECO), pero el escrutinio definitivo arrojó una brecha de apenas tres puntos.