Denuncia contra el Ministerio de Economía presentada a la Auditoría General de la Nación por quedarse con bonos de los acreedores del Estado

Por el reconocido Abogado Dr. Juan José Guaresti . Se ha presentado una denuncia a la Auditoria General de la Nación por el suscripto en la que se solicita se investigue al Ministerio de Economía por pagar de menos a los acreedores del Estado que le ganaron juicios comprendidos en la ley 23.982 (y leyes posteriores) de consolidación de deuda pública. Esta operatoria que es una verdadera defraudación, se viene realizando desde mediados de 1997 y tiene decenas de miles de damnificados, repartidos en toda la Nación.

La defraudación consiste en pagarles una suma inferior a la que surge de las sentencias que recayeron en esas causas para lo cual se recurre a la estratagema de multiplicar indebidamente el resultado de las decisiones judiciales por una cifra inferior a la unidad y abonar la cifra de bonos de consolidación que surge de esta operación que desde luego, es también inferior a la debida. Se trata de un acto ilícito que ha perjudicado a decenas de miles de personas sin perjuicio de humillar al Poder Judicial de la Nación.

LA ACTUACIÓN DEL CITADO ORGANISMO OFICIAL QUE CONTRAVIENE EL MANEJO DE LOS FONDOS A SU CARGO Y VIOLA LAS LEYES, DEBE SER INVESTIGADA POR LA AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y EL RESULTADO DEBE SER INFORMADO AL CONGRESO DE LA NACIÓN.

Los damnificados no son uno ni cincuenta o cien sino que son, como dijimos, decenas de miles de administrados o sean todos o casi todos quiénes han presentado desde la fecha indicada de 1997 hasta el momento en que esto se escribe, sus requerimientos de pago debidamente conformados por los organismos de contralor entre los cuáles se debe destacar a la Sindicatura General de la Nación. Esos requerimientos de pago en los cuáles se ordenaba el pago de decenas de miles de sentencias judiciales según la cantidad correcta que surgía de los autos y de los expedientes administrativos de contralor, fueron cumplidos solamente en parte por el Ministerio de Economía de la Nación , BURLANDO DESDE LUEGO LO DISPUESTO POR LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN.

SE TRATA DE UNA MEGA ESTAFA PERPETRADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA NACION DE LA CUAL LA AUDITORIA GENERAL DE LA NACION DEBE INFORMAR AL CONGRESO DE LA NACIÓN.

La consecuencia institucional de lo que HA HECHO Y SIGUE HACIENDO el Ministerio de Economía es demoler la doctrina de la separación de los poderes y hacer inocuo el contralor que ejercita el Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo cuando dicta sentencia que es una de las bases sobre las cuales se asienta la República, en decenas de miles de expedientes. ESTO ES GRAVISIMO.

NO CABE DUDA QUE LOS PAGOS INSUFICIENTEMENTE REALIZADOS CORRESPONDEN A PERSONAS QUE NO ESTÁN EN CONDICIONES DE DEFENDERSE PORQUE NO TIENEN ESTUDIOS DE ABOGADOS Y CONTADORES IMPORTANTES QUE LOS ASISTAN.

Las grandes empresas que tienen a su servicio importantes organizaciones que pueden asesorarlas a la perfección y también los amigos del poder, deben haber cobrado lo que se le debía pero no es el caso de las decenas de miles de litigantes a los que nos estamos refiriendo y que implícita o directamente defendemos. Los abogados normales no menos comúnmente no estamos capacitados por nuestras incumbencias para escudriñar estas cuestiones contables y embrollos hechos en la Administración Pública con el deliberado propósito de ocultar la verdad. Para fundar este acerto podemos decir que un abogado sabe que el Instituto Nacional de Estadística y Censos falsifica las cifras que brinda pero no está en condiciones de develar los pormenores de la trampa de la cual son víctimas el o su cliente. Para ello se requiere una especialización no habitual.

ESTA ES UNA DENUNCIA RESPECTO DE UNA ESTAFA DE DIMENSIONES INMENSAS PERPETRADA POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA QUE TIENE DECENAS DE MILES DE PERJUDICADOS.

Ante esta denuncia fundada de hechos dolosos que cuando esto se escribe se siguen perpetrando por un organismo de la Constitución como es un Ministerio, el lector puede preguntarse ¿un organismo creado por la Constitución Nacional como es la Auditoría General de la Nación debe intervenir sin que haya algún requerimiento del Poder Legislativo? Debe hacerlo con y sin autorización del Poder Legislativo. La Constitución Nacional en el artículo 85 dice que la Auditoría General de la Nación: “Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización y las demás funciones que la ley le otorgue”. El Ministerio de Economía pertenece a la administración pública y por ende puede y debe ser investigado por la Auditoría General.

Ese control de legalidad, gestión y auditoría no requiere que se lo pida el Congreso para ejercitarlo porque la Auditoría General es un organismo extrapoder que tiene “autonomía funcional” para llevar a cabo su tarea. Esto no significa que la Auditoria pueda tomar medidas por si sola para hacer cesar un comportamiento ilegal del Ministerio de Economía. Eso sería atribuirse funciones que son propias del Congreso. Pero lo que si puede y debe hacer es informarlo de lo que acontece, previa documentada y cuidadosa investigación en los términos de su autonomía funcional, en cumplimiento de sus deberes constitucionales. Si la Auditoría General de la Nación requiriera órdenes o instrucciones del Congreso para ejercer su cometido, bastaría una mayoría legislativa circunstancial para que la Auditoría General de la Nación no pudiera hacer investigaciones que considerara pertinentes para ejercitar el contralor a su cargo. Sería muy fácil bloquear su labor.

LA ESTAFA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA YA TIENE ESTADO PÚBLICO:

Con anterioridad publicamos el 11 de diciembre de 2013 un artículo en el “Informador Público” titulado “EL MINISTERIO DE ECONOMÍA DEFRAUDA A LOS ACREEDORES DEL ESTADO” el cual no puede ser más frontal y directo. Con posterioridad a éste continuamos informando en distintos medios de prensa la defraudación gigantesca que perpetra el Ministerio de Economía.

Véase también el artículo del 27/2/14 publicado también en elInformador Público titulado “EL ESTADO ARGENTINO NO INSPIRA CONFIANZA” donde la defraudación del Ministerio de Economía se puso nuevamente de manifiesto.

El 1° de abril de 2014 publicamos en el “Informador Público” el artículo titulado ”EL CUERPO DE PERITOS CONTADORES DE LA CORTE SUPREMA MIENTE PARA OCULTAR UNA ESTAFA COLOSAL” donde relatamos con pelos y señales la actuación del Ministerio de Economía que fue en principio convalidada por aquel cuerpo de contadores. Luego, cuando este último vio el cariz público que tomaba su actuación y la determinación que tenía mi parte que la verdad se conociera, renunció a hacer la pericia contable. Había quedado claro que terminaría preso el contador que había suscripto un dictamen mendaz, si insistiera con su reprobable conducta. El caso lo resolvió finalmente la Sra. Juez de la causa dándole toda la razón a los acreedores reclamantes.

El 4 de julio de 2014 se volvió a abordar el tema en el articulo aparecido en el Informador Público titulado: “Debemos exigir al Congreso Nacional que termine con el desquicio institucional que padecemos”.

En 22 de julio de 2014 se trató nuevamente el tema en el artículo aparecido en el Informador Público titulado “EL GOBIERNO NACIONAL YA ESTÁ EN CESACIÓN DE PAGOS”.

El 26 de agosto de 2014 publicamos en el Informador Público “EN 2001 UN “DEFAULT”, OTRO MAS EN 2014…PASANDO POR LA CONFISCACIÓN DE 2005… Y OTROS DESPOJOS”. En este trabajo se trató el tema que nos ocupa.

El 22 de Diciembre de 2014 publicamos también  otro artículo sobre la defraudación motivo de esta denuncia: “LOS FISCALES FEDERALES DEBEN ACTUAR ENÉRGICAMENTE ANTE LAS MILES DE ESTAFAS REALIZADAS POR EL MINISTERIO DE ECONOMIA A LOS ACREEDORES DEL ESTADO DESDE 1997 A LA FECHA.” Más directo y más frontal no se puede ser. Los Sres. Fiscales Federales no hicieron nada. Nada de nada.

CONCLUSIÓN:

Pese a estas publicaciones -más las intervenciones del suscripto en la prensa oral, televisión y radios incluidas, más el envío de las mismas a las 15.400 personas físicas y jurídicas que reciben quiénes figuran en el correo personal del autor de esta nota- el Ministerio de Economía ha guardado silencio, lo que demuestra que es culpable de lo que se le achaca. Si fuera inocente ya se habría presentado a la justicia federal acusando a mi parte por falsa denuncia o por verter imputaciones falsas. Su silencio lo condena porque tiene obligación legal de esclarecer el punto y no lo ha hecho y, además, POR LA DIFUSIÓN QUE HA RECIBIDO SU CONDUCTA ILEGAL.

Decenas de miles de personas víctimas de este atropello aguardan que la Auditoría General de la Nación investigue la conducta del Ministerio de Economía e informe al Poder Legislativo del acto ilícito realizado. Es ineludible que se estudie lo ocurrido que ya tiene estado público y se informe al Congreso Nacional. ESTAN EN JUEGO LA MÁXIMA GARANTÍA CONSTITUCIONAL ARGENTINA QUE ES LA DIVISIÓN DE LOS PODERES Y LA EXISTENCIA DE LA REPÚBLICA.