viernes 27 de noviembre de 2020
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Hoy se convertirá en Ley el pago soberano a los bonistas

El proyecto propone revocar el mandato del Bank of New York Mellon (BoNY) como sede de pago a los bonistas reestructurados y ofrece como alternativa el pago local, con el Banco Nación como agente fiduciario. De esta manera, pretende sortear el fallo del juez Griesa, quien decidió bloquear el cobro hasta tanto la Argentina no llegue a un acuerdo con los bonistas que no ingresaron en el canje (holdouts)

beac10fae897ae69dec17aa52104e599_LSin el apoyo de la oposición, el oficialismo de la Cámara de Diputados se apresta aconvertir hoy en ley el proyecto que propone cambiar de sede de pago de la deuda reestructurada. El kirchnerismo avanzó ayer con el dictamen respectivo y atacó, con un discurso de fuerte tono chauvinista, a los llamados «fondos buitre» y al juez neoyorquino Thomas Griesa, a quien acusó de ser su «principal cómplice».

El proyecto propone revocar el mandato del Bank of New York Mellon (BoNY) como sede de pago a los bonistas reestructurados y ofrece como alternativa el pago local, con el Banco Nación como agente fiduciario. De esta manera, pretende sortear el fallo del juez Griesa, quien decidió bloquear el cobro hasta tanto la Argentina no llegue a un acuerdo con los bonistas que no ingresaron en el canje (holdouts).

«Esta es una ley en defensa de los contratos (firmados con los bonistas reestructurados). La Argentina no quiere ser morosa», insistió ayer el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, quien, junto al ministro de Economía, Axel Kicillof, fueron los principales defensores de la iniciativa ayer, durante el plenario de las comisiones en la Cámara baja.

Allí, Kicillof advirtió que los «fondos buitre» tienen un «programa para atacar a la Argentina» que consiste en obtener ganancias millonarias con el canje de sus bonos y en forzar una «megadevaluación» de la moneda extranjera.

«El negocio del señor [Paul] Singer [principal litigante contra la Argentina], no es financiar Estados latinoamericanos y países emergentes; es comprar bonos por monedas esperando que un tribunal reconozca el pago íntegro», explicó Kicillof. «Son fondos carroñeros y oportunistas», añadió el ministro, quien insistió en que el objetivo del proyecto que hoy será convertido en ley «es salir de una de las tantas trampas que fabricó el señor Singer y que ha convalidado el señor Griesa».

En minoría, los bloques de la oposición anticiparon que votarán en contra del proyecto oficial. Salvo el Frente Renovador, que lidera Sergio Massa, todas las demás bancadas argumentaron que la ley no es necesaria, pues el Poder Ejecutivo ya cuenta con las atribuciones necesarias para modificar el contrato de canje de deuda.

«La ley es innecesaria, riesgosa y no resuelve el problema de la deuda», enfatizó el jefe del bloque radical, Mario Negri, mientras que su par de bancada, Enrique Vaquié, advirtió que el Banco Nación no cumpliría con los requisitos para ser sede de pago a los bonistas. «El prospecto de canje de deuda 2005 y 2010 establece que el agente fiduciario debe tener su casa central en Nueva York o en Columbia y un capital mínimo de cincuenta millones de dólares. El Banco Nación Fideicomisos, además de no cumplir con la cláusula geográfica tenía, a diciembre último, 84 millones de pesos.»

Desde Pro, Federico Sturzenegger alegó que el proyecto oficial «aleja al país de una visión de un Estado confiable» y preguntó por qué el Gobierno no levantó del contrato la cláusula RUFO, que se incluyó en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Por esta cláusula se prohíbe pagarles más a los holdouts, por lo que se crea una igualdad de condiciones para aquellos que entraron a los canjes.

«No creo que eso sea una buena señal. Algunos piensan que el problema de la deuda se solucionaría pagando los 1600 millones que pretenden los fondos buitre, pero nosotros no estamos dispuestos», replicó Kicillof.

UN NUEVO DEFAULT

Por su parte, el diputado y economista Martín Lousteau (Sumá +) advirtió que la Argentina podría recaer «en un nuevo default» por acción del gobierno nacional, ya que «a los bonistas que no cambien jurisdicción, Nación Fideicomisos no les puede pagar».

En tanto, el diputado Claudio Lozano (Unidad Popular) insistió en su propuesta para que, en lugar de sancionar una ley («que no resuelve nada», alegó), el Gobierno convoque a una asamblea de bonistas que decida el eventual cambio de jurisdicción.

«Eso es imposible, porque la Argentina debe efectuar un pago a los bonistas antes del 30 de setiembre y no hay tiempo», retrucó Kicillof.

El jefe del bloque del Partido Socialista, Juan Carlos Zabalza, si bien criticó con dureza el fallo del juez Griesa y celebró que el proyecto oficial contemple la creación de una comisión bicameral que investigue el origen de la deuda, anticipó que votará en contra. «Hay que agotar todas las instancias de negociación», sostuvo.

«El slogan «Patria o buitres» es un falso dilema. «Patria» es no caer en default», concluyó el diputado Alberto Asseff (Frente Renovador).

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