El gobierno se prepara y estudia medidas de consumo y empleo ante un default

 El gobierno de Cristina Kirchner evalúa un plan de emergencia para el caso de que no se logre un acuerdo con los fondos buitre ycaiga en defaultel miércoles próximo por no poder cumplir con el fallo del juez Thomas Griesa, que ordena pagarles a aquéllos US$ 1500 millones, y tampoco con los tenedores de bonos de los canjes de 2005 y 2010.

Según confiaron altos funcionarios del Gobierno, las medidas que baraja están dirigidas a sostener el consumo, el empleo y el financiamiento interno, que podrían quedar afectados por esa cesación de pagos.

La primera orden de la Presidenta fue no admitir el default. Seguirá negociando con los fondos NML Elliott y Aurelius hasta diciembre, cuando expira la cláusula RUFO, gran obstáculo para pagarles a los holdouts. Quiere así que pase diciembre y acordar desde enero una forma de pago a los «buitres» sin que los bonistas reclamen igual trato, en una catarata de juicios que el Gobierno estima en US$ 120.000 millones.

Si no hay antes un acuerdo, desde el miércoles la Casa Rosada negará el default. Dirá que ya pagó a los bonistas el vencimiento del 30 de julio, por US$ 1100 millones, y que fue Griesa el que congeló los fondos por no pagar a los holdouts.

Ese día, 30 de julio, las calificadoras de riesgo declararán el default selectivo porque vencerá el plazo de gracia para cumplir con los bonistas. Pero la Presidenta lo desconocerá y ordenará pagar los próximos vencimientos, aunque sean bloqueados por el juez, lo cual denunciará en todos los foros internacionales. Esto se comenzará a comprobar pasado mañana cuando participe de la Cumbre del Mercosur, en Caracas, Venezuela.

Buscará así dejar en evidencia a Griesa y a los «buitres» ante la comunidad económica internacional.

El Gobierno dirá que pese al eventual default con los bonistas seguirá negociando con los «buitres» y reclamándoles hasta diciembre la reposición del «stay», la cautelar que suspendería el pago a losholdouts y permitiría regularizar la situación con los bonistas. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, confirmó ayer esta estrategia. «La Argentina necesita tiempo y ese tiempo se llama stay.» Agregó que «los argentinos tienen que estar tranquilos, la vida sigue andando».

El secretario legal y técnico, Carlos Zannini, eligió en Córdoba, en un encuentro de la militancia, apuntar a los fondos buitre. «Son una sarna del sistema financiero internacional y su verdadera intención es el megayacimiento de Vaca Muerta.»

El Gobierno todavía apuesta a que antes del miércoles, a último momento, los «buitres» acepten reponer el «stay» o que Griesa destrabe los pagos a los bonistas y se evite el default, un reclamo que comparte con los bancos pagadores Bank of New York Mellon (BONY), Euroclear y Clearstream, Citibank y JP Morgan, que piden certezas sobre el destino de los depósitos. Fuera de esas alternativas, no quedan otras por parte de la Casa Rosada.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, podría hablar por teléfono en estas horas con el mediador propuesto por Griesa, Daniel Pollack. En la Casa Rosada y en Economía no confirmaron ayer si enviados de la cartera económica volverán a Nueva York antes del miércoles.

Mientras tanto, en Balcarce 50 estudian nuevas medidas de aliento al consumo y darles más dinamismo a los planes Procrear (créditos para viviendas), Procreauto (automóviles) y Progresar (jóvenes ni-ni). Se analiza además aumentar la aplicación de los planes de Recuperación Productiva (Repro) para evitar despidos: el Ministerio de Trabajo paga parte de los salarios a las empresas para que no despidan trabajadores.

Según confiaron a LA NACION fuentes oficiales, se buscaría impulsar actuales planes de crédito de fomento (10.400 millones de pesos) para emprendedores y microemprendedores y sumar otras medidas de aliento al consumo. Si se retrae el financiamiento, se intensificará la asistencia al propio Tesoro con más transferencias de la Anses y del Banco Central y con una mayor emisión monetaria ante un mayor déficit fiscal.

Se buscarán también fortalecer las reservas a través del «swap», o intercambio de monedas de US$ 11.000 millones, que la Argenitna firmó con China, hace más de una semana.

En el Gobierno aseguran que habrá desde el miércoles 60 días para negociar. En ese lapso, los bonistas podrían pedir la aceleración del bono, esto es, juntar un 25% de tenedores y reclamar que los vencimientos de 2033 o 2038 se adelanten en 24 horas.

La preocupación de la Presidenta se focaliza en la posibilidad de que se registre una mayor caída del PBI, las inversiones, el crédito, el consumo y haya despidos. Por eso exhortó a comprar motos, planchas y lavarropas. Fte.lanacion