Semana decisiva en el Juicio al Fiscal Campagonoli

«Acá se juega el Mundial«, señala un cartel prolijamente pegado sobre una reja que durante dos semanas protegerá la puerta de acceso principal de la sede de la Procuración General de la Nación. En tiempos de fútbol en continuado y a ritmo de carnaval, allí se desarrolla el jury de enjuiciamiento que signará el futuro profesional de José María Campagnoli.

La pancarta resume y refuerza la queja que el fiscal y sus representantes legales pronunciaron apenas se confirmó que el proceso judicial se desarrollaría en plena disputa de la Copa del Mundo: la defensa denunció que las fechas habían sido elegidas para sacar provecho de la hipnosis popular que provoca la cita deportiva, con el objetivo de licuar la reacción ante una eventual destitución del hombre que fue llevado a juicio político tras investigar al empresario Lázaro Báez.

En el Ministerio Público Fiscal no se juega el Mundial: la sala donde se desarrolla el jury no tiene lugar para 78 mil almas como el estadio Maracaná, apenas hay espacio para unas 70 personas, incluidos los integrantes del Tribunal y las partes. Sin embargo, los ásperos cruces que se producen en las audiencias y las celosas restricciones a la prensa dejan en evidencia que en lo político allí se disputa mucho más de lo que públicamente se admite.

En el recinto está expresamente prohibido sacar fotos o grabar lo que sucede durante las audiencias. Tampoco se permite utilizar dispositivos electrónicos para tomar nota de lo que ocurre e incluso los teléfonos móviles quedan bajo custodia del personal de seguridad.

A lo largo de las cuatro primeras jornadas del proceso judicial desfilaron 19 personas que declararon en calidad de testigos: los convocados por la fiscalía fueron el Director Nacional de Migraciones, Martín Arias Duval; los abogados Jorge Oscar Chueco, Martín Cagni Fazzio yLorena Vanesa Totino; la escribana Mercedes Salcedo; y el secretario de la Fiscalía 10, Juan José Taboada Areu.

La defensa citó a los periodistas Jorge Lanata, protagonista de una resonante discusión, Nicolás Wiñazki y Daniel Santoro; los jueces Ricardo Recondo y Luis María Cabral; los legisladoresGraciela Ocaña y Manuel Garrido; Carlos Donoso Castex y Luis Cevasco (representantes de asociaciones de fiscales); el consejero de la magistratura, Alejandro Fargosi; el abogadoMaximiliano Rusconi; y los fiscales Gustavo Bobbio y Mirna Goransky.

El análisis de las audiencias indica que la parte acusadora no logró –en los interrogatorios– darle sustento a los cargos que pesan sobre Campagnoli: el fiscal está acusado de haber alterado el objeto procesal de una causa por extorsión al financista Federico Elaskar, forzando la investigación para poner la mira en el empresario Lázaro Báez por lavado de dinero, delito que es ajeno a su competencia. También se le imputa filtrar a la prensa información reservada y negarles a los imputados el acceso a sus actuaciones.

Sin embargo, los fiscales consideran que están «totalmente demostrados» los cargos por la modificación del objeto de una investigación y la divulgación de causas a través de los medios de comunicación. En diálogo con Infobae -tras el segundo día de audiencia-, Adolfo Villate diagnosticó que la situación del funcionario público era «muy comprometida». Y concluidas las cuatro jornadas, su análisis se mantuvo firme: «Nosotros creemos que quedó todo más que probado. De manera que esperamos una resolución favorable«.

La mirada del equipo acusador –compuesto por Villate y Marcelo García Berro– parece sostenerse más en las pruebas documentales que en lo que aportaron las rondas de declaraciones de los testigos que pasaron por el Ministerio Público Fiscal, donde la mayoría de los convocados por los abogados de Campagnoli respaldó firmemente la labor del funcionario público que afronta este juicio político promovido por Alejandra Gils Carbó. Incluso, algunos citados por los acusadores fueron útiles para una defensa que en todo momento buscó –y varias veces lo logró– dejar en evidencia que los testimonios que apuntaban contra la figura del imputado eran contradictorios o carecían de sustento para impulsar una destitución.

Un reflejo de lo que se describe es que los fiscales realizaron dos pedidos para sumar testigos y así reforzar una acusación que -en base a lo observado durante las indagatorias– por momentos se desmoronaba. Además intentó ampliar la imputación, pero la estrategia fue estéril: todas las solicitudes fueron rechazadas por el voto mayoritario de los integrantes del Tribunal. Quizá por ello el propio Villate admitió –en declaraciones a Página/12– que ya se trabaja en otra investigación para determinar «si corresponde un sumario y luego un (nuevo) jury» contra Campagnoli por la aparición de un álbum de fotos clandestinas de vecinos de Saavedra.

De todos modos, el trasfondo político que signa al proceso vuelve impredecible la decisión del tribunal de enjuiciamiento. Y Ricardo Gil Lavedra –defensor de Campagnoli– lo tiene claro: «Las pruebas han sido abrumadoras, a favor de la inconsistencia de los cargos. Me voy esperanzado de las audiencias, porque una cosa es ver que no tenían razón en los papeles y otra es verlo sobre el escenario. ¿Si eso se va a reflejar en el fallo? Espero que sí«.

Similar fue la opinión de Ignacio Irigaray –también integrante de la defensa–, que realizó un balance categórico de las cuatro jornadas que se llevaron a cabo entre el martes y el jueves pasado: «Si el tribunal vota por las pruebas, esto está terminado y es una absolución«.

El representante legal de Campagnoli apeló a la cautela, pero expresó su confianza en que la contundencia de lo que se vio en las audiencias sea suficiente para cambiar el rumbo de lo que en la previa veían como una destitución ya decidida, por razones ajenas a lo que sucediera en el marco del proceso judicial: «Hay un componente político que se escapa de la lógica de la Justicia, y ahí no podemos hacer nada. De todas maneras, yo confío en que hay una mayoría del tribunal que va a resolver de acuerdo a su criterio».

«Una cosa es representar a una institución que tiene un interés y tratar de hacerlo valer, pero otra es que te pidan que firmes cualquier cosa… Hay cosas que no podes firmar ni por obediencia debida«, evaluó Irigaray en diálogo con Infobae.

Las dudas de la defensa se nutren de la sospecha de parcialidad (por razones políticas) que tiene sobre tres integrantes de un tribunal compuesto por siete personas en el que los números están muy ajustados: Daniel Adler (representante de la Procuración, responde directamente a Alejandra Gils Carbó e integra la agrupación oficialista «Justicia Legítima»); Rodolfo María Ojea Quintana (designado por el Senado de la Nación y reconocido ex integrante de la agrupación Montoneros) y Ernesto Kreplak (representante del Poder Ejecutivo y vinculado a La Cámpora)serían a priori tres votos inalterables que irían por la destitución de Campagnoli.

En la vereda opuesta se posicionarían Juan Octavio Gauna, procurador general de la Nación durante el gobierno de Raúl Alfonsín; Adriana Olga Donato, designada por el Colegio Público de Abogados de la Capital e integrante de «Gente de Derecho», agrupación que encabeza Jorge Rizzo;y Javier Panero, representante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Los tres se habían posicionado en contra de la suspensión del fiscal y todo hace prever que en este juicio volverán a pronunciarse a favor del funcionario público que es sometido a juicio político.

En ese escenario de virtual empate se volvería decisiva la postura que tome María Cristina Córdoba, defensora pública de menores y designada por la Defensoría General, quien encarna la esperanza de los abogados de Campagnoli: pese a que anteriormente votó por suspender al fiscal, fue la que más dudas mostró al momento de tomar esa determinación y tiene una posición que parece menos expuesta a condicionamientos.

El juicio se reanudará el próximo martes con la lectura de las testimoniales faltantes –las del fiscal Guillermo Marijuán y la jueza María Gabriela Lanz– y proseguirá con los alegatos. El proceso concluirá el miércoles 25, cuando el tribunal estaría en condiciones de dictar sentencia.

En ese contexto se reavivan los fantasmas sobre la posible utilización del Mundial como distracción, porque el veredicto podría conocerse la misma tarde que la selección Argentina se mide con Nigeria por la Copa del Mundo. De todos modos, fuentes judiciales adelantaron a Infobae que «es poco probable que el fallo salga ese día«. Lo más factible -apuntaron- es que la decisión se conozca «en un plazo no mayor a las dos semanas«.