Fué procesado Luis D´Elia por el delito de intimidación pública

El juez federal Julián Ercolini procesó al militante kirchnerista Luis D´Elía por el delito de intimidación pública. El procesamiento fue dictado debido a que D´Elía irrumpió, el 25 de marzo de 2008, en pleno conflicto entre el Gobierno y el campo, en una marcha de ruralistas que se oponían a la resolución 125.

Aquella noche de 2008, el dirigente de Federación Tierra, Vivienda y Hábitat y sus compañeros de militancia intentaron recuperar la calle que había sido ganada por gente que protestaba en contra del Gobierno por el proyecto para subir las retenciones. El fiscal Pollicita, que tuvo a su cargo la investigación, pidió la indagatoria de D’Elía y la de algunos policías federales porque, según sus averiguaciones, liberaron la zona y no hicieron nada para que no se produjeran agresiones.

Ese 25 de marzo, la presidente Cristina Kirchner había pronunciado un encendido discurso para respaldar la resolución 125 que modificaba las retenciones. Como respuesta hubo un cacerolazo y manifestaciones en su contra en la calle. El líder piquetero fue hacia el Centro de Buenos Aires y en la zona del Obelisco se enfrentó con un grupo de ruralistas. Agredió a uno de ellos, Alejandro Gahan, y por ese hecho ya fue condenado a cuatro días de prisión en suspenso.

Cuando fue indagado, D´Elía presentó un escrito en el que el dirigente señaló: «El 25 de marzo de 2008 hubo un intento de golpe de Estado… digo… por si alguno todavía no se dio cuenta. Esa noche, argentinos de bien, respetuosos del orden constitucional, nos movilizamos en nombre de todo el pueblo argentino y en defensa del orden democrático. Lo que ocurrió fue un intento de golpe destituyente. Allí había militares, y militantes de la ‘causa de los secuestradores de bebés’, como se ha reconocido públicamente Cecilia Pando, que estaba presente en el lugar.

Pando, reconocida partidaria de los golpistas del año 76, estaba en la plaza. La vi en la confitería «La Victoria», a pocos metros de la plaza, con un megáfono y haciendo llamadas telefónicas, junto a un grupo de personas, que también hacían uso de teléfonos celulares, de manera realmente encendida. Era público y notorio que esa noche Pando encabezaba las acciones en Plaza de Mayo. La hora aproximada era la de las cinco de la tarde. El lugar estaba repleto de las huestes de Pando, quien tenía un megáfono apoyado en el piso, previo al discurso de la presidenta. Ese día aciago, o sea el 25 de marzo de 2008, no fue cualquier día. Los 25 de marzo de cada año son el día en el que la familia procesista honra a los asesinos del «proceso» en la Plaza San Martín y se había decidido concurrir a la Plaza de Mayo».

El haber visto a Pando, más la información que le dieron algunos compañeros de militancia, hizo que D´Elía dedujera que había un golpe en marcha. Los comentarios que hacía la gente en la calle, según sus compañeros, eran «destituyentes». Eso lo llevó a intentar parar el golpe y por eso fue desde el Obelisco a la Plaza de Mayo. Aseguró no haber llamado a ejercer la violencia y en todo momento defendió la Democracia.

En aquel escrito de defensa, había cargado contra el Grupo Clarín al que acusó de querer «juntar 100 mil caceroleros para poner de rodillas a Cristina, pero no pudieron».

El dirigente oficialista había dicho que «El poder judicial, fuertemente oligárquico y clasista, hoy trata de imponer un bozal a los luchadores sociales para hacer su aporte al mantenimiento de un status quo que se quebró con el Proyecto Nacional que venimos disfrutando desde la llegada de Néstor Kirchner al poder… Proyecto seguido por la Compañera Presidenta. Si me quieren meter preso, adelante, que sólo con rejas debilitarán mi lucha… Porque lo volvería a hacer cien veces, mil veces, todas las veces… Todas las veces que la democracia corra riesgo, como pasó ese día, saldré a la calle a defenderla…»

Después de evaluar las pruebas del expediente y de analizar el descargo de D´Elía, el juez Ercolini decidió el procesamiento del dirigente por un delito, intimidación pública, que tiene una pena de tres a seis años de prisión.