JUSTICIA: Juan Manuel Abal Medina y Alfredo Scoccimarro deben presentarse a declarar ante el juez Bonadio por el delito de malversación de caudales públicos

La pelea entre el kirchnerismo y el macrismo fue encarnizada cuando se discutió el paso de la administración del subte a manos del gobierno de la Ciudad después que lo manejara durante años el gobierno nacional.  En los primeros diez días del mes de agosto de 2012 hubo un paro de trabajadores del subte y la discusión acerca de las responsabilidades subió de tono. El 11 de agosto de 2012 el club River Plate que había ascendido del Nacional B a Primera jugó contra Estudiantes de la Plata. Desde lo futbolístico fue un día raro: ganó River 2 a 0 y fue Rogelio Funes Mori, un hombre que no tuvo mucha suerte como goleador, quien convirtió los dos tantos. En el entretiempo de aquel partido, en la transmisión de Fútbol para Todos, se emitió un spot que duraba 2′ 17» en el que el kirchnerismo responsabilizaba a Mauricio Macri de varias situaciones vinculadas con el manejo del subte. Era crítico de la actuación del gobierno de la Ciudad en el conflicto gremial que mantuvo paralizado el subte y de algunos aspectos relacionados con la administración, las tarifas y unos vagones del subte A que no habían sido estrenados aún. Aquel aviso decía, entre otras cosas, que: «Los problemas de financiamiento provienen de la suspensión del proceso de traspaso decidida por el gobierno de la Ciudad»,  y también que: «El gobierno de la Ciudad tiene la obligación legal, los recursos nacionales y de los porteños para hacerse cargo del subte. Esto significa hacer obras, dar mantenimiento y garantizar que viajes tranquilo. Pero también solucionar los conflictos gremiales y asegurarte que puedas viajar. ¿Por qué no lo hace?».  El spot tenía el sello de Presidencia de la Nación precedido por el lema. «Argentina, un país con buena gente».

Al día siguiente el macrismo contestó en YouTube paso a paso cada una de las afirmaciones del spot del oficialismo nacional y le colocó un cartel que rezaba «Mentira».

Unos días después los legisladores del PRO Cristian Ritondo y Daniel Presti presentaron una denuncia ante la Justicia federal por el delito de malversación de caudales públicos. El argumento de los denunciantes fue que «El Poder Ejecutivo Nacional utilizó fondos públicos –que debieron ser utilizados para otros fines comunes a la ciudadanía y evidentemente asignados presupuestariamente a otros conceptos– para realizar una publicidad cuyo objetivo fue emitir una opinión absolutamente subjetiva y propia del partido que preside la gestión actual, relacionada con una cuestión de corte netamente político y que en este momento se encuentra en puja con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello en la cuestión atinente al tema de la gestión y administración del servicio de subterráneos…A ese entender, a afectos de satisfacer fines que hacen a la defensa política propia, el Poder Ejecutivo Nacional utilizó fondos que pertenecen al estado argentino».

La causa está en el juzgado del juez Claudio Bonadio quien a fines de 2013 terminó la investigación del caso. El juez determinó cuál fue la línea administrativa que recorrió el aviso para llegar a ser expuesto en el Futbol para Todos el 11 de agosto de 2012 y en otros canales por aquellos días. Bonadio reconstruyó de abajo hacia arriba la cadena de responsabilidades sobre la emisión del spot y que es coincidente con la del manejo de la pauta publicitaria del Estado nacional al momento de los hechos. Para el juez son responsables los funcionarios que por entonces revistaban en el área de Comunicación.Fueron citados a indagatoria Rodrigo Rodríguez, ex subsecretario de Comunicación Pública de la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete, Gustavo Fernández Russo, a cargo de la subsecretaría de Comunicación y  Contenidos de Difusión, Alfredo Scoccimarro, secretario de Comunicación Pública y vocero presidencial, y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

Según pudo confirmar Infobae en fuentes judiciales, los cuatro fueron citados porque el juez considera que hay pruebas para que sean indagados por el delito de malversación de caudales públicos penado por el artículo 260 del Código Penal. Ese artículo señala que «será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída». Los investigadores calculan que el dinero malversado por los funcionarios (Scoccimarro y Fernández Russo continúan en sus cargos) y ex funcionarios (Rodríguez y Abal Medina se fueron) por los costos de realización y exhibición de aquel aviso, ronda el millón de pesos.

El primero en declarar en indagatoria será el integrante de La Cámpora, Rodrigo «Rodra» Rodríguez, quien debe presentarse ante Bonadio el 20 de febrero próximo y que fue reemplazado en su cargo por Hernán Reibel Maier.  En tanto Fernández Russo fue citado para el 24, Scoccimarro para el 26 y Abal Medina, que fue suplantado por Jorge Capitanich,  tiene que acudir a los tribunales de Comodoro Py el último día de este mes.Fte.textualinfobae