JUSTICIA: Continúa la audiencia en la Corte por la Ley de Medios
La Corte Suprema de Justicia abrió hoy una audiencia pública, la última instancia de debate en torno a ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, antes de pronunciarse acerca de la constitucionalidad de dos artículos de la norma.
El representante del grupo sostuvo que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual «propone un régimen de intervención estatal sobre medios de comunicación radioeléctricos».
Al exponer sobre la adecuación de la norma a tratados internacionales sobre Derechos Humanos, sostuvo que «las restricciones a los medios son restricciones a la libertad de expresión».
vigencia de la Ley de Medios, ya que es «vergonzosa e injustificada la demora» de la aplicación de esa norma.
Oteiza trazó un paralelo con la jurisprudencia de los EE.UU. para la distribución de licencias de la televisión por cable, al señalar que en ese país «nunca se aplicó» la regulación en los operadores de cable.
El cuarto orador fue Carlos Ruta (Universidad Nacional de San Martín), quien señaló que se esta transitando «un momento histórico en la constitución democrática argentina«, por lo que «las mejoras institucionales van de la mano con las controversias contra aquellos que tienen intereses» como parte «ineludible» del proceso.
Para fundamentar su apoyo a la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el representante de la universidad bonaerense consideró que «los servicios audiovisuales son decisivos para la formación del consenso. Aquí está en juego al libertad y la democracia«.
Luego fue el turno de Luis Pardo (Adepa), que apoyó la postura del Grupo Clarín e indicó que «las medidas antimonopólicas deben asegurar la libertad económica y la libertad de expresión». Al respecto, apuntó: «De declararse la constitucionalidad (de la ley) se producirían efectos indeseables en términos de pluralismo y se precarizará la sustentabilidad de los medios privados».
A continuación habló Víctor Abramovich, representante del Poder Ejecutivo Nacional, quien opinó que el Estado tiene la obligación de regular la concentración «para facilitar debate público». Y la intervención estatal, manifestó, «se justifica aún cuando lesione un interés particular, si es en pos del bien común».
Abramovich señaló además que no es el Estado la única posible amenaza a la libertad de expresión, sino que también la hace peligrar «la concentración privada».
En representación del Comité del Consumidor (Codelco) habló Eliseo Verón, quien consideró que «la ley es obsoleta desde el día que salió publicada en el Boletín Oficial» porque no tuvo en cuenta el desarrollo de internet y las redes sociales.
«Con la infraestructura tecnológica de la Red, no hay ninguna razón para limitar voces y que vengan otras, porque todos caben en la situación actual«, completó.
El cronograma completo
La Corte definió a los diez «amigos del Tribunal» -cinco por cada parte- y a los denominados «independientes», entre quienes está la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, quien ya emitió un dictamen favorable a la constitucionalidad de la norma aprobada en 2009 por el Congreso Nacional.
La audiencia pública se dividirá en dos jornadas, hoy y mañana, antes de que la Corte decida sobre la compatibilidad de los artículos cuestionados por el Grupo Clarín con la Constitución Nacional. Además de la procuradora, entre los «independientes» participarán este miércoles la defensora del Público, Cynthia Ottaviano, el Centro de Estudios en Derecho y Economía de la UBA, representado por Juan Vicente Sola, y asociaciones de comunicación, quienes tendrán 15 minutos cada uno para opinar sobre la norma.
