POLITICA. Suspenden la ONG Consumidores Libres, liderada por Héctor Polino
El Gobierno suspendió a la asociación Consumidores Libres por el índice de inflación que confecciona cada quince días desde hace 18 años, porque «parece no tener sustento metodológico».
Así, la administración kirchnerista volvió a embestir de lleno contra una entidad dedicada a relevar e informar sobre la suba de precios en la economía doméstica, con un procedimiento similar al utilizado contra las consultoras económicas.
«Los relevamiento que lleva adelante la entidad no parecen tener sustento metodológico y entonces preventivamente se suspenden a la asociación Consumidores Libres», indica el texto enviado por la Subsecretaria de Defensa del Consumidor.
La subsecretaría depende de la Secretaría de Comercio Interior, que conduce Guillermo Moreno, y a su vez integra el ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, a cargo de Hernán Lorenzino. El representante legal de Consumidores Libres, Héctor Polino, aseguró que la decisión oficial «no registra antecedentes» en el país y añadió y que se adoptó de manera arbitraria y ajena a
las prácticas que debe existir en un sistema democrático de gobierno».
Precisó que la subsecretaría de Defensa del Consumidor sancionó a Consumidores Libres «suspendiéndola preventivamente del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores, por haber difundido los aumentos producidos en la canasta básica de alimentos de la
primera quincena del mes de agosto».
Héctor Polino, representante de Consumidores Libres.
El ex diputado socialista señaló que «el Gobierno nacional en lugar de sancionar a los grandes grupos del poder económico que aumentan injustificadamente los precios de los artículos de la canasta básica de alimentos, sanciona a una entidad que difunde los aumentos producidos».
«Desde hace 18 años -agregó Polino- la entidad viene realizando ese tipo de relevamiento y ésta es la primera vez que es observada y sancionada sin que previamente se le haya respetado
el elemental derecho a la defensa».
Por último, Polino adelantó que la entidad recurrirá a la justicia «en amparo de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y que fueran vulnerados arbitrariamente por un organismo público que tiene como objeto defender a los consumidores y en cambio, se dedica a perseguir a las entidades privadas que llevan a cabo esa tarea
