CONFLICTO GREMIAL: A pesar de la conciliación obligatoria sigue el paro de subtes

El gobierno porteño dictó la conciliación obligatoria en el conflicto gremial que mantiene paralizados desde hace seis días los servicios de las seis líneas de subterráneos y el Premetro.Así lo anunció cerca de las 22.30 de este jueves el subsecretario de Trabajo de la Ciudad, Ezequiel Sabor, quien consignó ante el periodismo que esta misma noche «se cursaron las notificaciones legales a la empresa Metrovías y a los trabajadores en conflicto para avanzar a partir de mañana a las 10 en una solución».
La Unión Tranviarios Automotor (UTA), anunció esta misma noche su acatamiento a la medida legal dispuesta por la ciudad, según lo informó a Télam el titular de ese gremio, Roberto Fernández.
Sin embargo pasadas las 23.30 no había aún un pronunciamiento de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP) acerca de si acataría o no la conciliación.
El secretario general de la AGTSyP, Roberto Pianelli, mantenía esta noche reuniones con autoridades laborales y representantes de su sindicato para resolver si vuelven mañana al trabajo, indicaron fuentes gremiales.
Sabor realizó el anuncio de conciliación acompañado por Procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand, quien advirtió que la conciliación debe ser acatada «por todas las representaciones gremiales en conflicto».
«La medida fue dictada mediante la resolución 1015/12 firmada esta noche, en respuesta a un pedido de la Justicia, pero bajo ningún punto de vista ello significa un reconocimiento del gobierno porteño respecto de la titularidad del servicio», aseguró Sabor.
El subsecretario laboral comunicó que esta misma noche «se remitió la resolución a todas las partes (gremios y Metrovías) para avanzar a partir de mañana a las 10 en una solución al conflicto» y fundamentó que el gobierno porteño accionó esa medida debido a que se trata de una «ejecución concreta de una medida judicial dispuesta por la jueza interviniente».
Esta tarde, previo a la resolución legal del gobierno porteño, el secretario adjunto de la AGTSyP, Néstor Segovia, había confirmado que el paro en el servicio continuará mañana por séptimo día consecutivo, luego del «fracaso» del encuentro mantenido con Metrovías en demanda de un aumento salarial.
«Se hicieron todos los esfuerzos y no se obtuvo ninguna respuesta, por lo que la huelga en principio continuará un día más», aseguró Segovia, quien señaló que si Metrovías «no puede resolver la situación debería dar un paso al costado».
La reunión se generó con motivo de la medida cautelar dictada por la jueza porteña en lo Contencioso Administrativo 6, Patricia López Vergara, quien ordenó esta mañana al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires convocar a los gremios y a Metrovías a una mesa de negociación para destrabar el conflicto, que desde hace seis días paraliza el servicio del subterráneo.
Por ese medio, fueron convocados a la sede de la Subsecretaría de Transporte metropolitana la Procuraduría General porteña, Metrovías, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la AGTSyP y Subterráneos de Buenos Aires (SBASE).
Tras la reunión, el abogado de la AGTSyP, Luis Ramírez, explicó que la negociación entre las partes se extendió «muchísimas horas para explorar posibilidades de superación del conflicto pero no hubo ninguna propuesta concreta al petitorio presentado por el gremio».
«Luego de una intensa gestión de los funcionarios intentando resolver el conflicto, lamentablemente nos vamos con las manos vacías», sostuvo el letrado.
Segovia precisó que «la empresa dice que no puede satisfacer las propuestas porque nadie le da la plata y, entonces, no puede resolver nada, Metrovías sigue teniéndonos de rehén».
El titular de la UTA, Roberto Fernández, manifestó que su organización «suspendió la medida de fuerza, pero concurrió a la reunión porque lo marca la ley» y agregó que «todos conocemos que hubo una transferencia de la que el gobierno de la Ciudad no se quiere hacer cargo».
Por su parte, el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manuel Abal Medina, sostuvo que la actitud del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, «llegó a un límite que está al borde del ridículo» y afirmó que el líder de PRO «tiene que dejar de hablar y dedicarse a gestionar, ya que debería dar cuentas por los millones de pesos que les cobra a los porteños por obras de subte».
«No hay tiempo para caprichos, los ciudadanos de la Ciudad votaron a Macri para que gobierne, tiene que dejarse de hablar y dedicarse a gestionar», opinó; en tanto, el senador kirchnerista Aníbal Fernández señaló que Macri, «lleva adelante una estrategia de capricho y somete a un millón de personas que viajan por día» y, por tanto, «falta a su deber de funcionario público».
Añadió que «cuando Macri firmó el acta de traspaso pidió 360 millones de pesos que se están depositando; el Estado nacional ya no puede intervenir en el conflicto porque es contra la ley, ya que se transfirió el subte a la Ciudad», y concluyó que el jefe de Gobierno «se cuida mucho de hablar del concesionario porque es amigo de Roggio».
«La Ciudad no sólo debiera hacerse cargo del subte, sino también rendir cuenta de lo que ha hecho con el fondo permanente para la red de subterráneos que dispone la ley 23.514 sobre el ABL, y que es de 2.700 millones por año», afirmó el titular de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.
«Macri apela al agravio porque no le asiste ninguna razón: cuando se firmó el acta acuerdo del traspaso del subte de la Nación a la ciudad, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires recibió 240 millones de pesos y tiene disponibles en la Aduana 45 vagones que requirieron una inversión de parte de la Nación de 90 millones de dólares», concluyó el funcionario.
El secretario de Transporte, Alejandro Ramos, afirmó que «cuando el gobierno nacional ve un problema, va al frente y no nos corremos», a diferencia de la administración porteña, y aseveró que esa gestión «tiene herramientas y decretos para solucionar los problemas pero no lo hace».
El senador Daniel Filmus coincidió también en que Macri «debe aprender de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y hacerse cargo de los problemas de la gente, dejando de victimizarse, de echarle la culpa a otros y darse cuenta de que los porteños lo eligieron para que gestione con eficiencia».
«No puede acusar a la Presidenta de querer fundir la Ciudad porque él ya lo está haciendo, ya que, a pesar de no atender los problemas de la gente, el gobierno porteño está en el nivel de endeudamiento más alto de las últimas décadas», resaltó.
También el diputado nacional Héctor Recalde afirmó que «hay una responsabilidad política de las autoridades de la ciudad por no hacerse cargo del problema, cuyas consecuencias las está pagando toda la sociedad”.
El titular del Movimiento en Defensa de los Derechos de los Consumidores, Usuarios y Medio Ambiente (MODECUMA), Miguel Fortuna, coincidió en responsabilizar a Macri y señaló que «resulta llamativo su silencio frente a este conflicto en el que sus voceros vociferan una ajenidad que contrasta con sus promesas electorales».
Macri, por su parte, insistió hoy en que su administración «no puede hacerse cargo del subte en estas condiciones», y reclamó que el gobierno nacional avale su intención de tomar créditos de organismos financieros internacionales para hacer las obras necesarias.
«No puedo decirle a la gente `vamos a agarrar los subtes y que para eso tengo que cerrar jardines de infantes´», expresó Macri, y propuso que las autoridades nacionales le permitan «ir al Banco Interamericano de Desarrollo a tomar créditos a treinta años para hacer todas estas obras que hacen falta y de ahí arrancamos».
«Yo no puedo hacerme cargo de una situación en la que no pueda garantizar un servicio seguro; el paro actual se debe a la doble conducción y a la confrontación entre la AGTSyP y la UTA», concluyó.
El procurador general de la Ciudad, Julio Conte Grand, aseguró la resolución de la jueza es «prudente» y «atinada», pero sostuvo que la intervención de la ciudad «no modifica en absoluto las posturas asumidas en orden a la inexistencia del traspaso» del subterráneo de la Nación a la ciudad.Fte. télam