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Violencia carcelaria

Se ha formado la Asociación Contra la Violencia Carcelaria en La Matanza. La Seguridad en el Sistema Penitenciario y de la Policía de Provincia Buenos Aires.

Sus objetivos, entre otros, son el perfeccionamiento de la normativa legal en el marco de las tareas encomendadas el Servicio Penitenciario y la Policía, con proyectos de leyes que logren su optimización; el trabajo constante y uniforme destinado a desalentar las protestas violentas por parte de los internos; el trato sobre la base de la igualdad entre detenidos por parte del Servicio, así como también el resguardo en la integridad de los efectivos penitenciarios, y los agentes policiales.

De conformidad a sus principios, los tratamiento penitenciarios, para la reinserción social, deben estar establecidos sobre la base de la severidad y la equidad, dos elementos que también comprende una correcta y sana administración de Justicia.

En el ámbito comparad, un estudio realizado en los cuatro países de América con mayor población penitenciaria –México, Brasil, Colombia y Argentina–, el Observatorio Venezolano de Prisiones cotejó el número de presos por establecimiento y la ocurrencia de hechos violentos al interior de la cárcel, y encontró que Venezuela, con 37.000 presos, es el país más peligroso de America Latina a nivel carcelario.

La mayoría de las personas privadas de su libertad en nuestro país sufre condiciones de detención que implican una grave vulneración de sus derechos fundamentales. Los altos índices de sobrepoblación y violencia carcelaria caracterizan –en mayor o menor medida– la situación de los centros de detención de todo el país. Este contexto de crisis ha subsistido en el transcurso de los últimos años en base a los errores, fracasos y omisiones en materia político-criminal, penitenciaria y judicial.

En la Argentina más de 63.000 personas se encuentran privadas de su libertad en establecimientos carcelarios. La mayoría de ellas sufre condiciones de detención que implican severas violaciones a sus derechos fundamentales. Se trata sin duda de una de las principales falencias de nuestro sistema legal, que se ha visto por lo demás agravada en los últimos años por impacto de la crisis política y social. Pero tan grave como que esta situación subsista, es la forma en que conviven con ella, sin reaccionar, una parte importante de los funcionarios políticos, administrativos y judiciales responsables del problema. El acostumbramiento que convirtió a la sobrepoblación carcelaria y a la violencia institucional en un dato del paisaje cotidiano, expresa el deterioro profundo de la cultura democrática en nuestro país.

La actual situación ha sido en parte el producto de la continuidad de políticas hacia el interior de la cárcel, que nos llevan a caracterizar un cuadro sombrío: la ausencia de controles efectivos, la creciente militarización de las instituciones penitenciarias, la centralidad que adquirieron las actividades y recursos destinados a la custodia de detenidos en detrimento de las lógicas de resocialización, así como el uso cotidiano de diversas formas de violencia ilegal como mecanismo de disciplina carcelaria, y la articulación de redes ilegales como medios para la gestión de la vida cotidiana en las cárceles.

Para sobrellevar el déficit de plazas en las cárceles se continúan utilizando las comisarías de la provincia de Buenos Aires como un sucedáneo del sistema carcelario. Frente a esta situación es preciso destacar nuevamente que las dependencias policiales no deben considerarse plazas carcelarias, en tanto no reúnen las condiciones requeridas para los lugares de cumplimiento de pena y/o prisión preventiva. La presencia de personas detenidas en estos espacios es claramente ilegal. Ni las comisarías se encuentran en condiciones edilicias de mantener en ellas por un tiempo prolongado a personas detenidas, ni el personal policial está capacitado para hacer frente a esta situación.

HUGO LOPEZ CARRIBERO
Abogado penalista

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