JUSTICIA: El Gobierno ordenó revisar las acciones del ex procurador Righi acusado por Boudou de tráfico de influencias

El procurador general de la Nación interino, Luis Santiago González Warcalde, formó un equipo de fiscales para investigar a su antecesor, Esteban Righi, acusado por el vicepresidente Amado Boudou de tráfico de influencias en el Poder Judicial a través del estudio de su familia.

La decisión quedó plasmada en la resolución 23, firmada ayer, por la cual se designó al fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes como coadyuvante, junto con los fiscales Graciela Sterchele, Eugenia Anzorreguy y Carlos Racedo. Todos ellos trabajarán junto con el fiscal original de la causa, Jorge Di Lello.

Righi, un histórico dirigente del peronismo que fue ministro del Interior de Héctor J. Cámpora, renunció hace dos semanas al cargo de jefe de los fiscales que ocupaba desde 2004 después de haber sido denunciado por Boudou. En su lugar la Presidenta propuso a Daniel Reposo, a cargo de la Sindicatura General de la Nación, pero su designación depende del Senado, donde el kirchnerismo no logra aún contar con los dos tercios de los votos necesarios.

La resolución de González Warcalde señala que la formación de ese grupo de fiscales responde a un pedido de Di Lello. Sin embargo, ante una consulta de LA NACION, el fiscal federal desmintió haberle pedido auxilio a su jefe, González Warcalde. “Me ofreció colaboración, pero yo le dije que considero que es una decisión de política de política criminal de la Procuración”, señaló Di Lello. Aseguró que le transmitió que no necesitaba esa ayuda y que se sorprendió cuando se enteró de la resolución del procurador interino. Ayer ambos conversaron por teléfono sobre el asunto.

Fuentes de la Procuración dijeron que la arremetida de su segundo contra Righi no obedecería a directivas del Gobierno, sino que respondería a una vieja interna entre ambos funcionarios.

“Se está cobrando facturas”, coincidieron dos fuentes de la Procuración y dos magistrados federales consultados, que recordaron que Righi y su segundo no se llevaban nada bien.

Incluso confiaron que desde que Righi se alejó de su cargo, González Warcalde dispuso del edificio como si fuera a quedarse un tiempo: instruyó a sus colaboradores para que renovaran la pintura en algunas oficinas, y reorganizó tareas y despachos.

La investigación contra Righi se inició por la denuncia de Boudou, primero públicamente en el Senado el 5 de abril pasado, cuando hizo su defensa frente al caso Ciccone, y luego cuando la formalizó en tribunales. La denuncia del vicepresidente recayó por sorteo en el juzgado federal de Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Di Lello.

Boudou denunció que en junio de 2010, cuando estaba al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), la mujer de Righi, Ana García, y María José Labat, esposa del ministro de Justicia porteño, Guillermo Montenegro, fueron a verlo para ofrecerle sus servicios desde el estudio de abogados familiar para “aceitar los lazos” con los jueces y fiscales federales que actúan en Comodoro Py 2002, en Retiro.

“Teniendo en cuenta la importancia de lo denunciado y la envergadura de las circunstancias imperantes que aparejaron a la postre la renuncia del ex procurador general, doctor Esteban Righi, resulta conveniente brindar el apoyo y asistencia necesaria al titular de la fiscalía federal interviniente para lograr que se alcancen aquellos altos objetivos en la mejor consecución de la acción pública”, consideró González Warcalde.

Pero esa denuncia no está ni siquiera ratificada, trámite indispensable para que se motorice. El juez Lijo le envió un oficio a Boudou para que le informe si iba a concurrir en persona a ratificar la denuncia o si lo iba a ser por escrito, dado que su cargo se lo permite.

El vicepresidente dijo que iba a contestar por escrito y el juez le mandó un pliego de preguntas, donde le pidió precisiones sobre qué otros detalles conoce sobre la intervención del estudio Righi en casos en trámite.

Cuando reciba las respuestas, el juez decidirá si se la manda al fiscal para que impulse la acción o si se la delega. Desde el 9 de abril que se denunció el asunto está en los prolegómenos.

En su resolución, González Warcalde consideró que la denuncia de Boudou “constituye una situación de gravedad institucional” que no puede soslayar. Dijo que dispuso nombrar a esos cuatro fiscales porque la Constitución le impone a la Procuración el deber de promover la investigación de delitos, cualquiera sea el denunciado, y porque como órgano extrapoder deben actuar con independencia para cumplir con “trasparencia, excelencia y con serenidad que asegure el máximo rigor investigativo”.

González Warcalde reemplazó a Righi por tratarse del fiscal general ante la Corte Suprema de mayor antigüedad y estará en el cargo hasta que asuma el nuevo jefe de los fiscales.

La candidatura de Daniel Reposo, kirchnerista confeso, está sometida a un proceso de selección. En esta etapa está abierto el plazo para presentar en el Ministerio de Justicia impugnaciones o adhesiones a su postulación.Fte.lanacion.com