ECONOMIA: El proyecto de Reformas de la Ley de Entidades Financieras
ARTICULO PRODUCIDO POR EL RECONOCIDO ECONOMISTA Y EX PRESIDENTE DEL BCRA DR. RODOLFO ROSSI PARA EL MULTIMEDIOS PRISMA
El 26 de Abril de 2010, se dio a conocer una propuesta de modificación de la Ley Número 21.526, del 14.2.1977, de Entidades Financieras, “con la intención de tonificar el rol del Estado y conseguir un amplio mercado de crédito bancario para todos”. El citado proyecto contó con el apoyo del Frente para la Victoria (oficialismo), pero el año legislativo 2011, finalizó sin que llegara a ser analizado en Comisión. Actualmente, con la nueva composición del Congreso, donde el FPV junto a sus aliados, cuenta con mayoría en las Comisiones de Presupuesto y Finanzas, existirían grandes posibilidades de su aprobación.
El citado Proyecto manifiesta en sus considerandos, que “colaborará con el desarrollo político y social del país”, a través de la regulación de tasas para actividades específicas y la implementación de reglas diferenciadas para las entidades privadas de trascendencia y las cooperativas de crédito o cajas populares”.
A diferencia de la ley vigente, se limitará las funciones de las entidades financieras a través de la taxativa especificación, de lo que les está permitido hacer y también, de lo que no les está permitido hacer. Esta propuesta de nueva Ley de Entidades Financieras, se propondría definir la actividad bancaria como un “servicio público”.
La propuesta se complementaría, con un proyecto adicional para regular la actividad de las pequeñas y medianas empresas y otro, para modificar el sistema impositivo, a fin de “distribuir verdaderamente y dar a los que necesitan, sacándoles a los que más tienen”.
Según el Proyecto, la actividad financiera, se orientará a satisfacer las necesidades de los usuarios y no de las entidades financieras. Se obligará a las entidades, a destinar parte de sus carteras, a la actividad productiva de las PYMES y se crea un régimen de garantía de los depósitos, que incluye la estatización de SEDESA (Seguro de Depósitos SA.) ¿Una nueva Caja para el Tesoro?
En cuanto a la tasa de interés de los préstamos destinados a las PYMES, no podrán superar en una proporción del 5 %, una tasa promedio ponderada del sistema financiero.
Por otra parte, ninguna entidad privada podrá tener una participación de mercado superior al 8 %, en el nivel del total de los depósitos y de los créditos. (Se estaría privilegiando, lógicamente, a la Banca Pública que tiene y tendrá un % muy superior al referido anteriormente).
Serán consideradas entidades extranjeras, aquellas que tengan el 30 % o más, de capital no nacional y en tal caso, el Poder Ejecutivo, autorizará su funcionamiento, con reciprocidad del país de origen de tal capital.
Si bien son aceptables algunos de los propósitos generales, que guiarían al Proyecto presentado, parecería que su encuadramiento, constituiría un “nuevo avance regulatorio e intervencionista del Estado, en la actividad privada”. Su aplicación práctica, causaría resquemor por el exceso regulatorio estatal, en un ámbito como el financiero, que es sumamente sensible, a las condiciones y oportunidades de los mercados, que en definitiva, constituyen la base para su desarrollo.
Es indudable, la necesidad regulatoria del sistema para evitar la sucesión de hechos especulativos, que mucho daño hicieron en el pasado en nuestro país, con sensible pérdidas, que finalmente, fueron socializadas y pagadas por los contribuyentes. También la codicia financiera y la mal interpretada libertad de los mercados, con la confusión de Banco Comercial y Banca de Inversión (que el proyecto, no excluye), causó recientemente, grandes perjuicios económicos a EEUU y al mundo, por el abandono, en definitiva, del cumplimiento de las Normas de Basilea y de las evidentes fallas de las Agencias de Calificación Crediticia.
Pero no el caso, actual y vigente, de nuestro país y su sistema financiero. Nuestro país necesita imperiosamente de capital, de ahorro y de inversión. Fundamentalmente, requiere una verdadera monetización de su economía. ¿Qué significa ello? Acrecer en el monto de los Depósitos Privados, que en la actualidad, solamente son el 16,6 % del PIB. Acrecer en el monto de los Préstamos al Sector Privado no Financiero, que no alcanzan al 15,0 % del PIB. Necesitamos, por lo menos, para ser un país capitalista, duplicar los citados porcentajes con responsabilidad cuantitativa y cualitativa, para que el país crezca activamente, en sus niveles de productividad y riqueza, con los mejores salarios consecuentes. Necesitamos, en síntesis, una Reforma Financiera que coadyuve a mejorar en mucho el mercado de capitales argentino, para reducir la tasa de interés real de la economía, lejos del intervensionismo y la regulación.
Por su parte, el Proyecto aludido determina, que el nuevo sistema “debe funcionar de manera permanente y continua para que pueda satisfacer necesidades de las comunidades, por sobre los intereses de quienes los prestan y no debería perseguir principalmente fines de lucro, ya que corresponde anteponer el interés de la comunidad a los fines del beneficio económico.”.
Necesitamos, sí regulaciones racionales, de conducta y conducción, pero fundamentalmente, confianza en las instituciones y en sus procederes, para que el trabajo verdadero, capitalice al país, en un ámbito de competencia y austeridad. En este aspecto es válido considerar, que la actividad financiera debe ser un “servicio de interés público” (“no precisamente un servicio público”, como lo define el proyecto, que contaría con el apoyo oficialista), con especial fomento de la competencia productiva de las entidades, con la lógica inclusión, en tal definición, de la Banca Pública, que en mucho debería mejorar en eficiencia y atención general.
La diferencia entre “servicio de interés público” y “servicio público” es sutil, pero contiene una significación trascendental, como instrumento y filosofía del destino y aplicación del ahorro nacional.
En definitiva, una reforma a la Ley de Entidades Financieras requiere generar confianza, para que el ahorro se vuelque activamente, a la actividad productiva, constituyéndose ésta en la verdadera atracción para crecer, capitalizar y distribuir. No es con mayor intervencionismo estatal, como va a mejorar el sistema financiero nacional. Es más. El mismo podría empeorar, ya que se constituiría en un adicional bastión del financiamiento estatal, en desmedro del sector privado productivo.