POLITICA: Senado aprobó cambios en la ley de trata

El Senado de la Nación, aprobó por unanimidad y giró a Diputados para su sanción definitiva, una modificación de la ley de trata vigente, para combatir de manera más eficiente este delito y brindar una protección adecuada a las víctimas. La presidenta de la comisión de justicia Sonia Escudero (bloque justicialista 8 de octubre), en su calidad de miembro informante, dijo “estamos enfrentando el crimen organizado”.

El proyecto modifica la tipificación del delito de trata de personas y apunta a crear organismos y a volcar recursos para la asistencia y la reparación del daño a las víctimas de este delito.

Escudero definió la trata y la explotación de personas como “formas modernas de esclavitud”, delito trasnacional que “genera ingresos por 31.600.000 millones de dólares. Afecta a dos millones y medio de personasen el mundo; sólo en América Latina 250 mil personas son sometidas a trabajos forzados –incluyendo explotación sexual-, como consecuencia del tráfico de personas”. 

Una de las modificaciones más importantes es la eliminación de la distinción actualmente existente entre trata de mayores y menores de dieciocho años. “La ley actual, atento su falta de claridad, deja espacio para que algunos jueces interpreten que si la víctima es mayor de 18 de años, y prestó su consentimiento, no hay delito, generando una situación de gran impunidad, como si alguien pudiera prestar consentimiento para ser sometida a explotación”, sostuvo la senadora salteña.

En tal sentido, la norma establece que “el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores.”

Por otra parte, amplía los derechos de las víctimas: obliga al Estado Nacional a brindar, gratuitamente, asistencia médica y psicológica; otorgar capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de  empleo; y a colaborar en la incorporación de la víctima en el sistema educativo. Asimismo, se garantiza el derecho a la asistencia jurídica y al patrocinio integral y gratuito.

Se crea el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas que funcionará dentro de la Jefatura de Gabinete, con la función de diseñar la estrategia destinada a combatir la trata y explotación de personas.

El texto incluye la creación de un Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, integrado por representantes de los ministerios de Seguridad, Justicia, Desarrollo Social y Trabajo. Tendrá a su cargo la ejecución de un Programa Nacional para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Finalmente, se crea en el ámbito del Ministerio Público Fiscal el Sistema Sincronizado de Denuncias sobre el Delito de Trata y Explotación de Personas, y se le asigna el número telefónico 145 en todo el territorio nacional.

Además se castiga al proxenetismo con prisión de cuatro a seis años al que explote económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, y también el que “promueva o facilite la prostitución de una persona”. De esta manera, “el proxenetismo queda alcanzado por la norma y su castigo no depende del empleo de engaño o violencia sobre la víctima, ni tiene relevancia su consentimiento. Se trata de explotación y merece ser castigado”, explicó Escudero.

En todos los casos, las penas de prisión serán de cumplimiento efectivo. Se contemplan agravantes: cuando, para someter a la víctima, se emplee violencia, amenazas o cualquier otro medio de intimidación o coerción; cuando el autor fuera familiar, cónyuge, autoridad o ministro de cualquier culto, o encargado de la educación o de la guarda de la víctima, o funcionario público o miembro de una fuerza de seguridad. Finalmente, cuando la víctima fuere menor de dieciocho años la pena será de diez a quince años de prisión.

El texto aprobado esta tarde, fue consensuado en base a las iniciativas de los legisladores Beatriz Rojkés de Alperovich y Sergio Mansilla; Adriana Bortolozzi; Liliana Negre de Alonso; Roy Nikish; y Juan Carlos Romero, luego de varios meses de trabajo en el seno de las comisiones. Se recibieron, además, aportes de los ministerios de seguridad y justicia de la Nación, de la secretaría de derechos humanos y también de las organizaciones no gubernamentales que trabajan contra la trata de personas.