ECONOMIA: El gobierno por decreto aumenta el gasto público en $ 39.548,7 millones
La presidenta Cristina Kirchner continuó ayer haciendo modificaciones al presupuesto 2010 para sumar recursos que no estaban previstos y aumentar una vez más los gastos.
Como tales facultades están reservadas al Congreso, debió recurrir una vez más a un decreto de necesidad y urgencia (DNU), instrumento al que ya había apelado en noviembre pasado, cuando aumentó las partidas de gastos en poco más de $ 30.200 millones. La semana anterior había apelado a los superpoderes del jefe de Gabinete en dos ocasiones para volver a subirlo en otros casi $ 6000 millones, y esta vez, con el nuevo DNU acrecentó los gastos corrientes y de capital en $ 10.118 millones. Pero como el kirchnerismo tiene una particular manera de llevar las cuentas, y parte de lo que gasta lo computa como inversiones financieras, la cuenta total se eleva a $ 39.548,7 millones adicionales.
Allí aparecen como inversiones financieras las asistencias concedidas a provincias, que siempre se refinancian y difícilmente se cobren. Durante los primeros años del kirchnerismo se anotaron como préstamos los subsidios al sector eléctrico, por ejemplo, sabiendo que sin un cambio de tarifas -que jamás se produjo- nunca podría devolverse el dinero.
También aparecen los préstamos a empresas privadas, como algunas automotrices, concedidos por la Anses, sin que se detallen los nombres. Confiando en que tales créditos serán devueltos, de todas formas, el efecto es el de un aumento enorme del gasto público y no del ahorro estatal, con todos sus efectos sobre el nivel de actividad y de inflación.
El DNU de ayer transparenta a las claras cuáles son los principales problemas del Gobierno. Hay fuertes sumas para las provincias que la semana pasada, con los superpoderes del jefe de Gabinete, habían recibido $ 300 millones. El aporte se hizo con tanto sigilo que figuró en las planillas anexas, pero no en los considerandos de la medida. Ahora aparecieron nuevos recursos, para preparar con urgencia a la Gendarmería para que custodie el inseguro conurbano bonaerense, pero también para planes de vivienda, distintos programas de asistencia social y fondos para obras y gastos corrientes.
