La presidenta está lista para convocar a sesiones extraordinarias en el Senado

En los hechos, será sólo una convocatoria para que el Senado apruebe los acuerdos pendientes para ascensos de militares, diplomáticos y jueces, y la renovación del impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de los cigarrillos que vence el próximo 31 de diciembre.

Ese llamado a extraordinarias excluye cualquier otro proyecto como, por ejemplo, el Presupuesto Nacional 2011, y de ahí el temor en la Casa Rosada: la Presidente quiere garantizarse que la convocatoria tendrá quórum para debatir los dos temas.

En el Senado se da como inminente el anuncio del llamado a extraordinarias, después que hoy finalice el período de sesiones ordinarias.

De hecho, hoy se reunirá la Comisión de Acuerdos para recibir a los diplomáticos que el Poder Ejecutivo designó para ser ascendidos a la categoría de embajador extraordinario y plenipotenciario.

Esa comisión, presidida por el chubutense Marcelo Guinle, dejaría listo el camino para que los pliegos bajen al recinto una vez que se formalice el llamado a sesiones y se fije la fecha para que el Senado preste el acuerdo a los diplomáticos. En ese punto no hay disidencias: los radicales ya acordaron con la Cancillería el listado de ascensos que envió el Gobierno, donde revistan diplomáticos cercanos a todos los partidos.

Pero a ese encuentro, que se llevará a cabo hoy a las 17, deberán seguirlo otras reuniones de la comisión para analizar los ascensos militares pedidos por Cristina de Kirchner. Ese trámite, que se hace todos los años al terminar la actividad en el Congreso, quedó preso de la batalla que se vivió en los recintos entre el kirchnerismo y la oposición.

Se suma, además, que en el tema militares la cuestión no es tan pacífica como con los diplomáticos. Hay un listado de 320 militares entre los que existen algunos con cuestionamientos que la oposición no está dispuesta a convalidar porque, alega, los antecedentes no fueron enviados a tiempo por el Ministerio de Defensa para poder ser analizados.

En el pedido de acuerdo a los ascensos no se incorporaron las actas de la Junta de Calificaciones de cada fuerza y se agregaron a último momento pedidos para los contralmirantes José Pérez Varela, Daniel Martín y Álvaro Martínez para el ascenso a vicealmirantes, y los brigadieres Marcelo Ayerdi y Mario Callejo para brigadier mayor.

A esa protesta de la oposición se suma el caso de los «portadores de apellido», militares que están congelados por el Ministerio de Defensa por pedido de organismos de derechos humanos, situación que ya había estallado en diciembre de 2009. Pero el Gobierno debe resolver esa crisis si no quiere suspender la ceremonia de promoción de oficiales que está prevista para fin de diciembre.

En la sesión del miércoles pasado, los senadores les dieron ingreso tanto a los pliegos de los diplomáticos como a los de militares, un trámite indispensable para que la Comisión de Acuerdos pueda expedirse.

Queda pendiente, además, el debate por los ascensos a jueces. Allí los problemas están centrados en la Cámara Laboral. Los radicales y peronistas federales le huyen a la pelea con Héctor Recalde (su esposa es una de las juezas postuladas), pero no están dispuestos a firmar los pliegos de otros que tienen el padrinazgo de Hugo Moyano.

Una vez que se oficialice el decreto de convocatoria, Julio Cobos deberá fijar la fecha para la sesión. Necesitará, al menos, una semana para que la comisión termine de despachar los acuerdos y para que el kirchnerismo negocie con la UCR una sesión pacífica, en la que el Gobierno quiere garantizarse también renovar la recaudación de unos $ 800 millones anuales que le proveen al Tesoro los 7 puntos del impuesto adicional sobre los cigarrillos.

El problema es que el pampeano Carlos Verna, ahora aliado circunstancial del Gobierno, ya les advirtió a los kirchneristas que tal como fue votada la renovación del impuesto en Diputados (sin la mayoría calificada de 129 votos positivos en esa cámara) el impuesto deberá ser enteramente coparticipable. Es decir, que la Nación perderá más del 55% de la recaudación que pasará a manos de las provincias.

Fte.ambito.com