FALLO HISTÓRICO QUE BENEFICIA A LOS JUBILADOS: DECLARARON INCONSTITUCIONAL LA MOVILIDAD DE ALBERTO FERNÁNDEZ Y ORDENARON RECOMPOSICIÓN RETROACTIVA
En una resolución de enorme impacto para el universo previsional, la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández (ley 27.609), vigente entre 2021 y mediados de 2024.
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El tribunal determinó que dicho mecanismo provocó un severo licuado en los haberes y ordenó recalcular las jubilaciones aplicando el esquema anterior aprobado en 2017 (ley 27.426), lo que habilita el cobro de diferencias retroactivas y mejora la base de cálculo actual.
Al analizar la evolución de los ingresos entre marzo de 2021 y marzo de 2024, los camaristas constataron que los aumentos otorgados por la fórmula hoy declarada inconstitucional acumularon un 553,55%, frente a una inflación del 1.129,07% en el mismo período.
Esta brecha generó una pérdida real del poder de compra del 46,83% que no fue subsanada por los posteriores ajustes atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), ya que estos se aplicaron sobre haberes previamente depreciados. Por ello, los jueces dispusieron restablecer el índice que combinaba un 70% de inflación y un 30% de variación salarial (RIPTE) para recomponer el daño sufrido por el sector pasivo.
Análisis de PRISMA:
La sentencia representa un respaldo judicial contundente a los reclamos de los jubilados frente al deterioro sistemático de sus ingresos durante la gestión anterior. Si bien la medida tiene aplicación directa sobre el expediente puntual de la demandante, sienta un precedente jurídico de peso para miles de juicios previsionales en trámite y deja al desnudo la fragilidad de las fórmulas de actualización cuando carecen de cláusulas de resguardo frente a procesos de alta inflación.
¿Qué pasa con la apelación y las cuentas del Gobierno actual?
Sí, el Gobierno (a través de la ANSES) puede y seguramente va a apelar mediante un recurso extraordinario federal para que el expediente llegue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Históricamente, la ANSES apela sistemáticamente todos los fallos de Cámara que declaran inconstitucionalidades de leyes de movilidad, tanto para discutir el criterio jurídico como para ganar tiempo financiero.
¿Por qué lo hacen y cuánto impacto fiscal tiene hoy? Por un lado, este fallo puntual rige únicamente para la jubilada que hizo el juicio (no es un aumento automático para los millones de jubilados de todo el país; cada uno tiene que tener sentencia firme en su propio expediente).
Sin embargo, el Gobierno nacional actual —que sostiene como bandera innegociable el superávit fiscal— mira con preocupación el «efecto cascada»: si la Corte Suprema confirma este criterio, miles de juicios en trámite van a tener sentencia firme a favor de los jubilados, obligando al Tesoro y a la ANSES a desembolsar sumas multimillonarias en retroactivos y reajustes permanentes de haberes. Por eso la apelación oficial es prácticamente un hecho.
