LA JUSTICIA FRENÓ EL VETO DE MILEI Y ORDENA APLICAR LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025 que paralizaba la norma aprobada por el Congreso.
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El fallo califica la maniobra del Ejecutivo como un «mecanismo extraconstitucional» e intima a liberar de forma inmediata los fondos salariales y presupuestarios para las casas de altos estudios.
En un duro reves judicial para la estrategia del Poder Ejecutivo, el juez federal Martín Cormick hizo lugar al recurso de amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y un abanico de casas de estudio de todo el país, declarando la inconstitucionalidad de la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795).
La controversia se había instalado cuando la Casa Rosada, tras sufrir la ratificación legislativa de la norma con mayorías de dos tercios en ambas cámaras, promulgó la ley pero frenó simultáneamente su aplicación mediante el Decreto N° 759/2025, amparándose en la Ley de Administración Financiera bajo el argumento de que el Parlamento no había especificado la fuente explícita de financiamiento.
Los argumentos centrales de la resolución
El fallo judicial desarticuló la posición del Palacio de Hacienda y del Ministerio de Capital Humano a través de tres definiciones jurídicas y políticas clave:
Inconstitucionalidad del «veto encubierto»:
La resolución determina que frenar la ejecución de una ley ratificada por el Poder Legislativo mediante un decreto de menor jerarquía constituye una atribución extraconstitucional que vulnera la división de poderes.
Suficiencia de herramientas presupuestarias:
El magistrado remarcó que el propio artículo 9° de la Ley 27.795 dota al Ejecutivo de mecanismos flexibles y facultades administrativas para realizar reasignaciones de partidas dentro del Presupuesto Nacional sin alterar la meta de equilibrio fiscal.
Intimación de cumplimiento inmediato:
La Justicia ordenó a la administración nacional dictar la reglamentación correspondiente sin dilaciones para actualizar las partidas destinadas a salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento, infraestructura, investigación y el programa nacional de becas estudiantes.
Análisis PRISMA:
Límites judiciales al ajuste por decreto
La decisión del Juez Cormick reabre un frente de altísima sensibilidad política e institucional para el Gobierno Nacional.
En su afán por sostener el superávit fiscal a toda costa, el Ejecutivo optó por un atajo legal que la Justicia acaba de clausurar, sentando un precedente determinante sobre los límites del poder reglamentario frente a las leyes insistidas por el Congreso.
Con las paritarias universitarias paralizadas y el malestar docente en aumento, la Casa Rosada enfrenta ahora el dilema de acatar el fallo y reasignar recursos o apelar ante la Cámara Federal, estirando un conflicto que promete volver a movilizar a la comunidad académica a las calles.
