CONTROVERSIA EN LA JUSTICIA: A 24 HORAS DE JURAR, UN JUEZ RECIÉN DESIGNADO DESESTIMÓ CAUSAS SENSIBLES QUE INVOLUCRAN A ALTOS FUNCIONARIOS
La celeridad de los tiempos judiciales volvió a quedar en el centro del debate institucional. Apenas un día después de haber tomado posesión de su cargo tras obtener el pliego correspondiente, un magistrado de fuero federal firmó el libramiento de sobreseimientos y desestimaciones en expedientes de alto impacto político, que salpicaban a la cúpula del Poder Ejecutivo y a exfuncionarios. La celeridad de las resoluciones reaviva las críticas sobre el fuero Comodoro Py y la independencia de la Magistratura.
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El funcionamiento del fuero Federal de la Capital Federal sumó un nuevo capítulo de alta tensión política e institucional. A solo 24 horas de haber jurado formalmente en el cargo —tras la tramitación de su pliego en el Senado con el aval del oficialismo y bloques aliados—, un magistrado recién asimilado al juzgado procedió al cierre repentino de causas judiciales de elevada sensibilidad pública que involucraban al Presidente de la Nación, Javier Milei, a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y a importantes colaboradores del área económica como Luis Caputo, además de exmandatarios.
Entre los expedientes alcanzados por estas desestimaciones exprés figura la investigación vinculada a presuntas irregularidades en materia de financiamiento y plataformas financieras (como el caso conocido como Libra), así como derivaciones de denuncias interpuestas tiempo atrás por sectores de la oposición contra exfuncionarios del esquema macrista. La inusual velocidad para estudiar cuerpos complejos de prueba, dictaminar en tiempo récord y disponer el archivo de las actuaciones desató una ola de cuestionamientos en los pasillos de Comodoro Py y en el ámbito legislativo.
Desde sectores del Poder Judicial y de la oposición parlamentaria señalaron que el tratamiento acelerado de estas causas contrasta de manera severa con los plazos habituales del fuero federal, donde los procesos suelen demorarse durante años. La maniobra enciende las alarmas sobre el uso del nombramiento de magistrados como un mecanismo para blindar judicialmente a las administraciones de turno o cerrar pasivos judiciales pendientes.
El episodio vuelve a poner bajo la lupa la transparencia institucional en la selección y desempeño de la Magistratura, en momentos en que la confianza pública sobre el sistema de justicia atraviesa niveles críticamente bajos. La brevedad entre el acto de jura y la firma de fallos de tanta gravitación política refuerza la percepción de que los tiempos de la justicia continúan fuertemente acoplados a las urgencias de la coyuntura del Poder Ejecutivo.
