DEL DISCURSO A LA REALIDAD: EL GOBIERNO PARALIZÓ LA BASE NAVAL DE USHUAIA QUE AHORA PROMETE REIMPULSAR POR DNU
Pese al enfático anuncio por Cadena Nacional sobre el financiamiento para un polo logístico militar en Tierra del Fuego, los registros oficiales confirman que las obras de la Base Naval Integrada sufrieron un severo freno presupuestario durante la actual gestión. El contraste entre el freno previo a la obra pública y la urgencia de la coyuntura preelectoral
Periodismo con precisión política y económica. Apoyá nuestra labor. Alias: MULTIMEDIOS.PRISMA
El reciente mensaje presidencial donde se anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para destinar recursos a la construcción de una Base Naval Integrada en Ushuaia colisiona de frente con los datos del propio Estado. Aunque la Casa Rosada presentó la medida como una decisión estratégica e innovadora para resguardar la soberanía en el Atlántico Sur, la realidad operativa indica que las obras del predio se encontraban mermadas e interrumpiendo su ritmo tras la política de parálisis de la obra pública implementada por la propia administración.
Los informes elevados al Congreso por la Jefatura de Gabinete durante el transcurso del año dan cuenta de que el proyecto original —que contemplaba la construcción de un muelle de profundidad, unidades de logística antártica, edificios de servicios y un dique de mantenimiento de buques— sufrió fuertes recortes y demoras administrativas. La paralización o ralentización de los trabajos en Ushuaia dejó en evidencia la contradicción entre la política de austeridad fiscal del oficialismo y las repentinas promesas de inversión militar millonaria.
Este giro de 180 grados mediante la figura de un DNU expone el uso coyuntural de los anuncios de infraestructura en el Sur. Tras meses de desfinanciamiento y desinterés hacia el proyecto naval patagónico, la decisión de «apurar» la reasignación de partidas aparece como una maniobra orientada a responder a las duras críticas de sectores de la Defensa y de la opinión pública, buscando maquillar la inacción previa con un pretendido impulso logístico que requerirá plazos presupuestarios muy superiores al tiempo que le queda de mandato al Poder Ejecutivo.
