EL GOBIERNO DEFINIÓ POR DECRETO AUMENTOS ESCALONADOS PARA EL SALARIO MÍNIMO HASTA ABRIL DE 2027
Ante la falta de acuerdo entre empresarios y las centrales sindicales en el Consejo del Salario, el Ejecutivo nacional oficializó un cronograma de incrementos mensuales para el Salario Mínimo, Vital y Móvil. El haber básico pasará de los $383.800 en septiembre hasta alcanzar los $437.000 mensuales en abril del año próximo.
Periodismo con precisión política y económica. Apoyá nuestra labor. Alias: MULTIMEDIOS.PRISMA
El Gobierno nacional oficializó una nueva pauta de actualización para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), fijando un esquema de incrementos escalonados que se extenderá hasta abril de 2027. La resolución, dictada por la presidencia del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el SMVM, se emitió de forma unilateral tras fracasar las negociaciones paritarias entre los representantes empresariales y las tres centrales obreras (CGT y las dos CTA), replicando la dinámica de fijación por laudo estatal aplicada en convocatorias previas.
De acuerdo con el cronograma dispuesto, la asignación mensual para los trabajadores mensualizados se elevará a $383.800 en septiembre ($1.919 la hora) y continuará en ascenso con ajustes promedio cercanos al 1,9% mensual: $391.200 en octubre, $398.800 en noviembre y $406.400 en diciembre de 2026. Durante el primer cuatrimestre de 2027, el piso salarial escalará a $414.200 en enero, $422.000 en febrero, $429.600 en marzo, culminando en abril con un valor de $437.000 mensuales ($2.185 por hora). Asimismo, la medida impacta directamente sobre los montos de la Prestación por Desempleo, cuyos pisos y techos se mantendrán acoplados en un rango de entre el 50% y el 100% del haber mínimo vigente.
La determinación del Poder Ejecutivo consolida la brecha con los reclamos del sector gremial, que había solicitado un reajuste inmediato orientado a cubrir el costo de la canasta básica familiar. Desde las centrales sindicales argumentaron que el sendero de aumentos resulta insuficiente frente a la pérdida acumulada del poder adquisitivo en el trabajo registrado y no registrado, mientras que desde el sector empleador avalaron la gradualidad fijada por el Estado para no resentir las estructuras de costos en las pequeñas y medianas empresas.
