CUSTODIAS DE PRIVILEGIO: EL GOBIERNO CONFIRMÓ QUE MANUEL ADORNI MANTIENE UN OPERATIVO POLICIAL EXCLUSIVO EN SU DOMICILIO
La retórica oficial de la austeridad y el combate sin cuartel contra los beneficios de la dirigencia política ha vuelto a chocar de forma fáctica contra la realidad de los despachos de la Casa Rosada. En las últimas horas, una confirmación administrativa de la Jefatura de Gabinete ratificó que el Vocero Presidencial, Manuel Adorni, continúa gozando de un operativo permanente de custodia oficial a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) en las inmediaciones de su residencia particular.
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La justificación esgrimida desde el mostrador gubernamental apela a razones de «seguridad institucional» debido a la alta exposición pública del funcionario. Sin embargo, en el llano de la discusión política, la medida expone una evidente asimetría discursiva dentro de una administración nacional que ha hecho de la eliminación de los vehículos oficiales, los choferes y la protección para los rangos intermedios del Estado una de sus principales banderas de cara a la opinión pública.
El contraste bruto con las fuerzas territoriales
Fieles al pulso riguroso y analítico que sostenemos desde la Redacción de PRISMA, resulta imposible disociar este despliegue de recursos de la asfixia que sufren las fuerzas de seguridad en el territorio bonaerense. Mientras los uniformados que custodian las esquinas del conurbano y del interior de la provincia enfrentan un congelamiento salarial real de tres meses —debido a que la paritaria del 7% aprobada en La Plata se licuará enteramente en agosto por los descuentos obligatorios de la Caja de Retiros—, los cuadros federales son reasignados para el resguardo de la primera línea del funcionariado en Capital Federal.
La fisonomía de este doble estándar salta a la vista:
Se predica el recorte del gasto público para los sectores fijos de la economía y las prestaciones esenciales.
Se validan y sostienen estructuras de protección personal de altísimo costo logístico para los encargados de comunicar el ajuste diario.
La moneda sigue en el aire
El uso de los recursos del Ministerio de Seguridad para custodias personales ha sido históricamente un foco de cuestionamiento por parte del actual espacio gobernante. Hoy, con las planillas y las respuestas oficiales sobre la mesa, la contradicción fáctica ingresa en el archivo de la gestión pública.
Para el ciudadano de a pie, que asiste al incremento constante de las tasas de inseguridad en sus barrios mientras hace malabares con las tarifas unificadas del gas y el transporte, ver que los encargados de anunciar el fin de los privilegios mantienen sus privilegios intactos representa un baño de cruda realidad. El «poder real» se abroquela en sus despachos y demuestra que, a la hora de recortar, la fisonomía del esfuerzo nunca es del todo equitativa.
