POLÍTICA: EL CASO DEL «PENDRIVE» SUMA ESCÁNDALO, ARCA INTIMA AL CNTRATTISTA QUE REVELÓ PAGOS EN NEGRO DE ADORNI
La flamante agencia de recaudación otorgó diez días al arquitecto Matías Tabar para justificar sus ingresos y movimientos patrimoniales. El profesional había declarado ante el fiscal Pollicita que cobró 245.000 dólares en efectivo y sin facturar por remodelar la vivienda del Jefe de Gabinete en el country Indio Cuá. Denuncias de amedrentamiento en el mostrador político.
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DE NUESTRA REDACCIÓN.– La causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que acorrala al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registraría de manera fáctica una derivación de extrema gravedad institucional y alta tensión fiscal. Según consignaron calificados despachos periodísticos de las últimas horas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habría notificado una intimación perentoria al arquitecto y contratista Matías Tabar, exigiéndole que valide detalladamente su situación patrimonial, facturación y compras a proveedores correspondientes al período bienal 2024-2025. La medida del fisco nacional se implementaría apenas semanas después de que el profesional aportara pericias testimoniales determinantes que comprometieron el cordón umbilical de la defensa del funcionario libertario en los tribunales de Comodoro Py.
Al pasar la secuencia de los hechos por el bisturí del análisis político-judicial, la intervención de la ARCA —el organismo que reemplazó las estructuras de la AFIP— sería leída por diversos andariveles de la oposición parlamentaria como una supuesta maniobra material de represalia e intimidación corporativa. Tabar, socio del estudio Alta Arquitectura, se habría erigido de forma científica en el testigo más complejo para la Casa Rosada tras ratificar ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que la remodelación integral de la finca que Adorni posee en el barrio cerrado Indio Cuá habría demandado un desembolso líquido de 245.000 dólares, los cuales habrían sido abonados fáctiamente en efectivo, en divisa extranjera y sin la emisión de respaldo documentario o fiscal alguno.
La traza del expediente impositivo y las derivaciones que impactan en los pizarrones del poder central se estructurarían pormenorizadamente a través de tres ejes críticos:
La ruta de los dólares en el country: El testimonio material del contratista habría permitido reconstruir científicamente la logística financiera de la Jefatura de Gabinete. Tabar habría precisado ante los estrados del juez Ariel Lijo que el monto de la obra se canceló en dos etapas estrictamente informales: un anticipo de USD 55.000 durante el transcurso de 2024 y un saldo definitivo de USD 190.000 liquidado en 2025. Asimismo, los peritajes de pasillo revelarían que, de forma paralela a los 10 meses que demandaron las refacciones de los pisos, baños, cocinas y piscina, el Ministro Coordinador habría desembolsado un adicional material de USD 13.000 destinados al alquiler temporario de otra vivienda de lujo dentro del mismo complejo residencial de la geografía bonaerense.
El torniquete fiscal como elemento disuasorio: La intimación remitida por la ARCA concedería al profesional de la construcción un plazo improrrogable de diez días hábiles para justificar de forma contable la compatibilidad de sus ingresos reales frente a los honorarios profesionales netos —estimados técnicamente en unos USD 20.000— percibidos por la obra en el lote de 400 metros cuadrados. Desde los bloques legislativos de la oposición se denunciaría de manera fáctica que la fiscalización selectiva buscaría «amedrentar a quienes ya declararon ante la Justicia y disuadir a potenciales testigos», empastando el curso regular de las pericias patrimoniales en los tribunales federales.
El cruce de datos del fiscal Pollicita: Más allá del despliegue logístico del ente recaudador en el llano societario, las terminales judiciales avanzarían con ritmo propio. El fiscal Pollicita ya dispondría del resguardo y análisis del teléfono celular que el propio Tabar entregó de forma voluntaria a la fiscalía. El cruce científico de los mensajes, presupuestos informales y listados de obreros (albañiles, electricistas y plomeros) contenidos en el dispositivo permitiría confrontar materialmente los dichos del contratista con las declaraciones juradas del Jefe de Gabinete, neutralizando la coartada impositiva del «ahorro previo en criptomonedas» ensayada originalmente por los asesores presidenciales.
La irrupción de la ARCA en el entramado del caso Adorni añade un componente de profunda opacidad al mostrador de la transparencia pública. Mientras los armadores de Balcarce 50 concentrarían sus recursos en tejer el blindaje matemático en el Senado para evitar las consecuencias políticas de la interpelación del 2 de julio, el frente penal sumaría pruebas materiales que debilitan la sustentabilidad del funcionario. El devenir de los requerimientos impositivos en los próximos diez días determinará si el andamiaje oficial logra licuar el impacto del testimonio de Indio Cuá o si la contraofensiva fiscal termina por configurar un severo bumerán institucional sobre la cúpula del Poder Ejecutivo.
