POLÍTICA: DIPUTADOS DE LA OPOSICIÓN EXIGEN INFORMES AL GOBERNO POR EL ENVIO DE DOS AVIONES MILITARES HÉRCULES A BOLIVIA EN LLAMAS

Periodismo que analiza el poder real. Apoyá nuestra labor. Alias: MULTIMEDIOS.PRISMA

La medida legislativa se activó tras las graves denuncias públicas de la oposición en el vecino país, que aseguran que el cargamento argentino no transporta ayuda humanitaria, sino pertrechos logísticos para respaldar la feroz represión desatada por el gobierno de Rodrigo Paz Pereira frente a una masiva rebelión popular. El conflicto reactiva de inmediato el fantasma político de 2019, cuando la administración de Mauricio Macri quedó imputada por el contrabando de municiones a la gestión de Jeanine Áñez en vísperas de las masacres de Sacaba y Senkata.

La política exterior de la Casa Rosada quedó envuelta en un severo conflicto diplomático y legislativo tras conocerse los vuelos militares con destino a Bolivia en medio de un escenario de virtual estado de sitio no declarado en el país del altiplano.

La denuncia que encendió las alarmas: El pedido de informes, encabezado por los diputados Juan Marino, Germán Martínez y Cecilia Moreau, se apoya en las declaraciones del legislador boliviano Rolando Pacheco (Alianza Popular). Pacheco denunció formalmente que los Hércules argentinos estarían proveyendo material de control de disturbios al gobierno de Paz Pereira, cuyas fuerzas de seguridad ya acumulan un trágico saldo de personas asesinadas, decenas de heridos con pérdida de visión por impactos de bala y al menos 47 detenidos confirmados por la Defensoría del Pueblo de Bolivia al 16 de mayo.

El fantasma del año 2019: Para la oposición peronista, la analogía histórica es inevitable y alarmante. El pedido de informes recuerda detalladamente el operativo de noviembre de 2019, cuando bajo la gestión de Cambiemos se desvió un Hércules C-130 con el Grupo Alacrán de Gendarmería y un contrabando oculto de 70.000 cartuchos antitumulto y granadas de gas que terminaron en manos de los jefes militares golpistas días antes de las masacres civiles. En aquel entonces, los hilos de la resolución llevaban la firma de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Las exigencias del Congreso al Ejecutivo: Ante la sospecha de que se esté replicando un esquema de asistencia represiva ilegal, los diputados nacionales advirtieron que la sola declaración oficial de «ayuda humanitaria» de la Cancillería no es suficiente. El proyecto exige la presentación inmediata de:

Manifiestos de carga verificados y aduaneros de ambos vuelos.
Listado completo de personal militar y de seguridad embarcado.
Marco jurídico internacional y convenios bilaterales que justifican el despliegue operativo en una zona de conflicto civil activo.

Análisis de PRISMA sobre el «Poder Real»: Para el análisis de PRISMA, el caso de los Hércules en Bolivia devela el alineamiento irrestricto de la Casa Rosada con los intereses de la seguridad hemisférica diseñados por el Comando Sur de los Estados Unidos.

En el Poder Real, tanto el gobierno de Javier Milei como los voceros de Washington han catalogado las masivas manifestaciones populares en Bolivia como «maniobras desestabilizadoras».

Sin embargo, la historia demuestra que camuflar el apoyo logístico a gobiernos civiles cuestionados bajo la etiqueta de asistencia humanitaria suele terminar en graves violaciones a los Derechos Humanos y en responsabilidades penales de carácter internacional para los funcionarios argentinos involucrados.

Al apurar este pedido de informes, el bloque de Unión por la Patria no solo busca frenar el presunto auxilio material a la represión de Paz Pereira, sino forzar un debate incómodo en el Congreso en un momento donde el oficialismo busca aprobar acuerdos de defensa e inmunidad de tropas extranjeras en suelo nacional.

Las explicaciones que brinde —o archive— el Ministerio de Defensa en las próximas horas determinarán si Argentina vuelve a quedar expuesta ante los organismos internacionales por complicidad en la violencia institucional de un pueblo hermano.