CONTRAATAQUE GREMIAL: LA CGT RECUSA A LOS JUECES QUE VALIDARON LA REFORMA LABORAL Y EXIGE LA NULIDAD DEL FALLO
En un movimiento jurídico de máxima tensión, la Confederación General del Trabajo (CGT) recusó formalmente a los camaristas que devolvieron la vigencia a la reforma laboral incluida en el DNU oficial.
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La central obrera no solo cuestiona la imparcialidad de los magistrados, sino que solicitó la nulidad absoluta de la sentencia por considerar que vulnera derechos constitucionales básicos. En PRISMA analizamos cómo esta «guerra de expedientes» es la antesala legal de la gran movilización nacional convocada para esta semana.
La disputa por la reforma laboral ha pasado de las calles a los despachos más altos de la justicia. La estrategia de la CGT apunta directamente al corazón del tribunal que revirtió los amparos previos, permitiendo que las nuevas reglas de contratación y despido volvieran a estar activas. Para el sindicalismo, este fallo no es una interpretación técnica, sino una decisión política que favorece la precarización. Al recusar a los camaristas y pedir la nulidad, la central obrera busca «congelar» la aplicación de la reforma hasta que la Corte Suprema tome una definición final sobre la constitucionalidad del mega DNU.
Desde el análisis del Poder Real, esta jugada demuestra que la CGT, liderada en este frente de acción por sectores como el de Cristian Jerónimo, no está dispuesta a ceder el marco legal que protege la ultraactividad de los convenios colectivos. El Gobierno nacional, por su parte, apuesta a que la justicia valide sus cambios para incentivar una reactivación económica que aún no se percibe en la microeconomía. Esta parálisis judicial genera una incertidumbre jurídica inédita: empresas que no saben bajo qué ley contratar y trabajadores que ven sus derechos en un limbo legal.
Desde la redacción de PRISMA, observamos que este conflicto ocurre en el peor momento de la relación entre el Ejecutivo y los sindicatos. Mientras la calle hierve con paros sectoriales y el endeudamiento familiar asfixia a los empleados (como bien advertimos en nuestra nota sobre la mora bancaria), la cúpula gremial endurece su postura. Como indican los relevamientos de Zentriz Data, el 67% de los ciudadanos percibe que la seguridad jurídica está supeditada a las urgencias de la política. En este tablero de ajedrez, la nulidad pedida por la CGT es el último recurso para evitar que el ajuste laboral se consolide antes de que termine el primer semestre.
