JUSTICIA: EN EL CASO «LIBRA» PROFUNDIZARÍA LA INVESTIGACIÓN Y NO SE DESCARTAN PEDIDOS DE DETENCIÓN
La investigación judicial por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA habría entrado en una etapa de definiciones críticas. Tras los recientes peritajes tecnológicos, el fiscal federal Eduardo Taiano estaría analizando solicitar en los próximos días la detención de Mauricio Novelli, el empresario vinculado al lanzamiento del activo digital que damnificó a miles de ahorristas.
Los peritajes: Un «borrador» de 5 millones de dólares.
El nudo de la cuestión radicaría en la información recuperada de los dispositivos móviles de Novelli por parte de la DATIP. Según trascendidos judiciales, se habría hallado un supuesto borrador de acuerdo confidencial que mencionaría pagos por un total de 5 millones de dólares vinculados a la promoción del proyecto en febrero de 2025.
Este documento —originalmente redactado en inglés— establecería un esquema de tres pagos:
Un adelanto inicial.
Un segundo desembolso tras publicaciones en redes sociales oficiales.
Un pago final posterior a la firma de un contrato presencial.
Contradicciones y vínculos bajo la lupa
La Justicia también pondría el foco en las más de 35 comunicaciones que Novelli habría mantenido con allegados al Poder Ejecutivo durante la jornada del 14 de febrero de 2025, fecha en la que se produjo la estrepitosa caída del valor de la memecoin.
Estas evidencias técnicas estarían exponiendo serias contradicciones con las versiones iniciales brindadas desde el entorno presidencial sobre el origen y la naturaleza del vínculo con el empresario. La Cámara de Casación ya habría dado una señal clara al rechazar los planteos de Novelli para levantar los embargos que pesan sobre sus bienes, lo que indicaría que el proceso avanzaría con firmeza hacia una profundización de las medidas cautelares durante el mes de abril.
El escenario político-judicial
Mientras la defensa de Novelli intenta contener el avance de la causa, en los pasillos de Comodoro Py se comenta que el fiscal Taiano podría solicitar la prisión preventiva para evitar posibles entorpecimientos en la recolección de pruebas remanentes. El caso no solo pondría en jaque al empresario, sino que obligaría a las autoridades nacionales a brindar explicaciones más detalladas sobre la existencia de supuestos borradores de pagos ilegales en el marco de una campaña de inversión privada.
