POLÍTICA: OPACIDAD EN EL CONGRESO: DEUNCIAN QUE LA GESTIÓN DE MARTÍN MENEM OCULTA LA CANTIDAD DE ASESORES
En medio del ajuste que el Gobierno Nacional exige a toda la sociedad, estalló un escándalo en la Cámara de Diputados. Según revelan informes periodísticos, se habría dado la orden de restringir el acceso público a los datos sobre la cantidad de asesores que tiene cada legislador en sus despachos.
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La transparencia en el uso de los fondos públicos vuelve a estar en el centro de la polémica. Según consigna el portal Diagonales, la administración de la Cámara de Diputados de la Nación, encabezada por Martín Menem, habría tomado la decisión de «ocultar» o dificultar el acceso a la información detallada sobre el personal contratado por los representantes del pueblo.
Los puntos oscuros de la medida
Restricción de información: La medida limita la posibilidad de que los ciudadanos y la prensa conozcan cuántos asesores integran cada despacho y qué presupuesto consumen. Esto rompe con una tradición de transparencia que permitía auditar el gasto legislativo de manera abierta.
Contradicción con el discurso oficial: Mientras desde la Casa Rosada se impulsa un ajuste feroz en áreas sensibles como la alimentación (como confirmó el reciente informe de la UCA) y la salud, el Poder Legislativo parece blindarse ante el escrutinio público sobre sus propios gastos de estructura.
El rol de la «Mesa Política»: Este hecho ocurre justo cuando el Gobierno intenta reordenar su estrategia en el Congreso (como informaba Noticias Argentinas). La falta de claridad en las contrataciones podría convertirse en una moneda de cambio política que los ciudadanos no pueden fiscalizar.
Análisis Institucional: El derecho a la información
Para el periodismo con rigor legal, este retroceso en el acceso a la información pública es alarmante. La Ley de Ética Pública y las normativas de Transparencia Activa obligan a las instituciones del Estado a publicar sus gastos de manera clara. Ocultar la cantidad de asesores no solo alimenta la sospecha sobre la vigencia de los privilegios políticos, sino que debilita la confianza en las instituciones en un momento de crisis económica extrema.
Desde Prisma y El Censor del Oeste seguiremos de cerca esta situación, exigiendo que se cumpla con el derecho constitucional de acceso a la información pública, para que el ajuste no sea solo para el pueblo, sino también para el poder.
