POLÍTICA: EL GOBIERNO CONTRAATACA «ES UN PARO DE LA CASTA PARA PROTEGER PRIVILEGIOS»
Desde la Casa Rosada buscaron minimizar el impacto de la jornada de protesta. Con fuertes críticas a la cúpula de la CGT y a los sectores de izquierda, el Ejecutivo ratificó que no habrá cambios en el rumbo económico y calificó la medida como un intento de «extorsión» al programa de reformas
La respuesta del Gobierno nacional al cuarto paro general no se hizo esperar. A través de sus voceros y redes oficiales, el oficialismo desplegó una estrategia de comunicación centrada en dos ejes: minimizar el acatamiento y desprestigiar a los convocantes. Según la visión del Ejecutivo, la parálisis que se vive hoy en las calles no es fruto de un apoyo genuino de los trabajadores, sino de la «coacción» ejercida por la falta de transporte y las amenazas de los delegados gremiales.
Las críticas más duras fueron dirigidas a la dirigencia de la CGT, a quienes el Gobierno acusa de ser «los arquitectos de la decadencia argentina». Para Milei y su equipo, el paro es una reacción desesperada de la «casta sindical» ante la pérdida de cajas y privilegios que supone la reforma laboral y la desregulación de las obras sociales. «Es un paro contra la gente que quiere trabajar y contra un gobierno que fue votado para cambiar las cosas», señalaron desde el entorno presidencial.
Asimismo, el Gobierno vinculó los incidentes y cortes en accesos, como el de la Panamericana por parte de los trabajadores de FATE y partidos de izquierda, con un «plan de desestabilización». Ratificaron que se aplicarán todas las sanciones posibles a quienes bloqueen la circulación y que se descontará el día a los estatales que se hayan sumado a la medida. Lejos de mostrarse debilitado, el Ejecutivo utiliza la imagen de las calles vacías como una prueba de que el sindicalismo tradicional es «un lastre» que impide el despegue económico.
Conclusión: La batalla de hoy es, ante todo, una batalla por la narrativa. Mientras la CGT cuenta cuántas fábricas cerraron, el Gobierno cuenta cuántos millones de dólares pierde el país por el parate, responsabilizando exclusivamente a los gremios. Esta grieta profunda asegura que, tras el paro, no habrá una mesa de diálogo, sino una profundización del conflicto. Para el ciudadano, queda claro que la tregua no existe: el Gobierno está decidido a avanzar «a todo o nada», y el sindicalismo parece haber quemado las naves en una resistencia que ahora se traslada a los tribunales.