EDITORIAL: «EL UNIFORME ANTE EL ESPEJO DE LA CRÍSIS»
La reacción del efectivo podrá no haber sido la correcta, y las instituciones deben funcionar para sancionar el incumplimiento del reglamento. Pero el poder político cometería un error histórico si cree que el conflicto se termina con la sanción a un cabo
La imagen recorrió el país en segundos: un cabo de la Policía Federal Argentina, uniformado y con su arma reglamentaria, esposado a las rejas de la Casa Rosada. El hecho, de una gravedad institucional incuestionable, ha generado un sismo político que trasciende las fronteras de la Ciudad de Buenos Aires y resuena con fuerza en cada rincón del país.
Desde el punto de vista del reglamento y la disciplina, no hay grises. Un integrante de una fuerza de seguridad representa el orden público y la autoridad del Estado. Manifestarse de esa manera, portando el uniforme que simboliza la ley y el arma que el pueblo le confía para su protección, es una falta que seguramente —y con razón— derivará en sanciones severas. La jerarquía y la disciplina son los pilares que sostienen a cualquier fuerza armada; sin ellos, el concepto mismo de seguridad se desvanece.
Sin embargo, detrás de la infracción disciplinaria, emerge una realidad que es imposible de tapar con un sumario administrativo. Un policía no es un sindicalista ni un activista político; su naturaleza es el silencio y el cumplimiento del deber. Por eso, cuando el silencio se rompe con el ruido de unas esposas golpeando las rejas de la Casa de Gobierno, lo que estamos viendo es un síntoma de agotamiento extremo.
El orden vs. el bolsillo El cabo Montiel le puso voz a lo que muchos callan en las comisarías y destacamentos: la imposibilidad de sostener una vida digna con salarios que han quedado a años luz de la inflación. En la Argentina que la revista The Economist define hoy como el segundo país más caro del mundo, un sueldo de $700.000 se ha convertido en una condena a la pobreza.
Para el Gobierno, este es un desafío de una complejidad distinta a la que plantean los sindicatos. Con un gremio se negocia o se confronta en el marco de la puja distributiva. Con un policía esposado, se enfrenta el quiebre de la propia estructura que debe garantizar la gobernabilidad. Si quien debe cuidar el orden público no puede pagar su alquiler o alimentar a su familia, el «orden» mismo se vuelve una cáscara vacía.
Un mensaje para La Plata: Este episodio debe servir como una luz roja para el Gobierno Provincial, que mañana se sienta a discutir salarios en La Plata. La Policía Bonaerense, la fuerza más grande del país, mira este espejo con atención. El malestar en las redes de la fuerza es un hervidero de comparaciones y reclamos.
En conclusión, la reacción del efectivo podrá no haber sido la correcta, y las instituciones deben funcionar para sancionar el incumplimiento del reglamento. Pero el poder político cometería un error histórico si cree que el conflicto se termina con la sanción a un cabo. El verdadero problema no son las esposas en la reja, sino la realidad económica que llevó a un hombre de armas a usarlas contra sí mismo para ser escuchado.
El orden se garantiza con disciplina, es cierto; pero también con la dignidad de quienes deben ejercerlo.
