POLÍTICA: CRUCE DE ACUSACIONES Y TENSIÓN EXTREMA «LA OPOSICIÓN RECHAZA LA REFORMA LABORAL DEL GOBIERNO NACIONAL»
Sergio Palazzo cargó contra el oficialismo por el proyecto de reforma laboral, cuestionó al radicalismo y advirtió que la iniciativa “perjudica en todos sus artículos a los trabajadores”
La propuesta de reforma laboral presentada por la gestión de Javier Milei ha desatado una de las reacciones más virulentas de la oposición en lo que va del año. El eje del conflicto no solo radica en el contenido de las modificaciones —que incluyen cambios en el sistema de indemnizaciones y la extensión de los periodos de prueba—, sino en los argumentos técnicos que el oficialismo utiliza para defender la iniciativa. Desde los bloques opositores, el rechazo fue tajante, acusando al Gobierno de desconocer la jurisprudencia vigente o, en su defecto, de tergiversar los datos económicos para forzar la aprobación de la ley.
La crítica principal se centra en que la reforma, lejos de generar nuevo empleo formal, podría precarizar las condiciones de los trabajadores actuales. Los calificativos de «burros o mentirosos» surgidos desde las filas de la oposición parlamentaria marcan un quiebre en las formas institucionales y reflejan una resistencia profunda a cualquier modificación que altere la actual Ley de Contrato de Trabajo. Para muchos legisladores, el oficialismo intenta aplicar modelos teóricos que no se ajustan a la realidad productiva de la Argentina, especialmente en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas.
Por su parte, el Gobierno Nacional sostiene que la modernización de las leyes laborales es el único camino para reducir la litigiosidad y fomentar la contratación de personal en un mercado que lleva años estancado. La Casa Rosada argumenta que las leyes actuales son «anacrónicas» y funcionan como un freno para la inversión, defendiendo la necesidad de un sistema de fondo de cese laboral similar al que utiliza el gremio de la construcción.
Este enfrentamiento ocurre en un contexto de alta sensibilidad para los trabajadores, tras conocerse que los salarios perdieron terreno frente a la inflación en el último mes de noviembre. La disputa legislativa que se avecina será determinante para el clima social de 2026, ya que pone en juego los derechos adquiridos de millones de ciudadanos frente a la visión de un Estado que busca desregular al máximo la relación entre empleadores y empleados para intentar reactivar la economía.
