FALLO CLAVE: LA JUSTICIA INTIMÓ AL ESTADO A IMPLEMENTAR LA LEY DE EMERGENCIA EN DISCAPACIDAD EN SU TOTALIDAD
En una resolución de fuerte impacto social, la Justicia ordenó al Poder Ejecutivo nacional y provincial la plena ejecución de las partidas presupuestarias y servicios establecidos en la Ley de Emergencia. El fallo subraya que la falta de recursos no puede ser una excusa para vulnerar derechos constitucionales de un sector altamente vulnerable.
La Justicia dictó una medida que obliga al Estado a garantizar de manera efectiva el cumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La resolución surge tras una serie de presentaciones judiciales que denunciaron la interrupción de tratamientos, la falta de entrega de insumos básicos y el retraso en el pago a prestadores, lo que puso en riesgo la continuidad de servicios esenciales para miles de familias.
El eje de la intimación El fallo es contundente al señalar que los derechos de las personas con discapacidad gozan de una protección especial tanto en la Constitución Nacional como en tratados internacionales. En este sentido, la Justicia intimó a las autoridades a:
Regularizar los pagos: Se exige el cese de los retrasos en las transferencias a los centros de día, transportistas y profesionales del área.
Garantizar la cobertura médica: Las obras sociales y prepagas, bajo la tutela del Estado, deben asegurar la provisión de medicamentos y prótesis sin dilaciones burocráticas.
Presupuesto protegido: La resolución advierte que las partidas destinadas a discapacidad no pueden ser objeto de recortes o subejecuciones en el marco de ajustes fiscales generales.
Un precedente para las provincias Aunque la intimación tiene alcance nacional, pone especial presión sobre la provincia de Buenos Aires, donde la concentración de prestadores y beneficiarios es mayor. La Justicia remarcó que las «emergencias administrativas» no eximen a los funcionarios de su responsabilidad penal y civil ante el incumplimiento de deberes que afecten la salud de las personas.
Impacto en los prestadores Para el sector de prestadores, este fallo representa un alivio ante la asfixia financiera. La obligación de implementar la ley «en su totalidad» implica no solo el pago de lo adeudado, sino la actualización de los aranceles, que han quedado desfasados frente a la inflación del último año.
