martes 30 de diciembre de 2025 16:48:23

LA JUSTICIA ACEPTA LA APELACIÓN DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD AL FALLO EN CONTRA DEL PROTOCOLO ANTIPIQUETE Y QUEDA EN VIGENCIA

Así lo precisó el Ministerio de Seguridad, que celebró la suspensión del fallo que ayer declaró nulo el accionar de las fuerzas de seguridad en la vía pública.

LA JUSTICIA ACEPTA LA APELACIÓN DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD AL FALLO EN CONTRA DEL PROTOCOLO ANTIPIQUETE Y QUEDA EN VIGENCIA

La situación legal del protocolo antipiquetes vivió un giro importante en las últimas horas. Todo comenzó cuando el juez federal Martín Cormick decidió anular la medida, argumentando que el Gobierno estaba tomando atribuciones que le corresponden al Congreso y que se estaban limitando derechos básicos como la libertad de reunión. Según el fallo inicial, el protocolo tenía «vicios legales» porque no se puede restringir el derecho a protestar mediante una resolución ministerial sin una ley que lo respalde.

Sin embargo, la alegría de quienes cuestionaban la medida duró poco, ya que el Ministerio de Seguridad apeló la decisión casi de inmediato. Al aceptar este recurso, la Justicia determinó que la sentencia del juez queda suspendida. Las fuerzas de seguridad tienen «luz verde» para seguir aplicando el protocolo tal como lo venían haciendo hasta ahora.

Desde el Gobierno, la ministra Alejandra Monteoliva y otros referentes como Patricia Bullrich celebraron la noticia en sus redes sociales. Aseguraron que el protocolo es una herramienta clave para mantener el orden y que no piensan retroceder en su aplicación. Para la actual gestión, este sistema es lo que garantiza que la gente pueda circular libremente y que las calles no vuelvan al «caos» de años anteriores.

Por otro lado, la disputa de fondo todavía no está cerrada. Organizaciones sociales y organismos como el CELS siguen sosteniendo que el protocolo es inconstitucional y que permite situaciones de violencia innecesaria durante las marchas. Ahora, la pelota está del lado de la Cámara Nacional de Apelaciones, que será la encargada de definir si el protocolo se queda definitivamente o si le da la razón al juez que intentó frenarlo.