GUILLERMO FRANCOS JUSTIFICÓ EL DECRETO PARA ARIEL LIJO Y MANUEL GARCÍA MANSILLA:»NO TENIAMOS LOS VOTOS NECESARIOS»
Segundos después, el jefe de Gabinete se contradijo a sí mismo. En tanto, la oposición denuncia una violación de la división de poderes.
En una entrevista con el periodista Jonatan Viale, el jefe de Gabinete Guillermo Francos explicó la decisión del Gobierno de designar a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla en la Corte Suprema de Justicia mediante un decreto. En un primer momento, sostuvo que la medida se tomó porque «no hubo acuerdo», pero luego admitió que fue porque «no tenían los votos» necesarios en el Senado.
Guillermo Francos detalló que La Libertad Avanza no cuenta con una mayoría suficiente en la Cámara Alta para alcanzar los dos tercios requeridos para la aprobación de los magistrados. «Era muy complejo obtener los votos con solo seis senadores», explicó. Ante la insistencia de Viale, el funcionario reiteró que el presidente Javier Milei convocó sesiones extraordinarias para buscar un consenso, pero no logró respaldo.
Justificación del Ejecutivo
Desde la Casa Rosada, el Gobierno justificó la decisión argumentando que la Corte Suprema no puede funcionar correctamente con solo tres miembros. Según el comunicado oficial, el decreto busca evitar que «los intereses de la política se impongan sobre los del pueblo argentino».
Asimismo, destacaron que el Senado debe analizar los pliegos de los magistrados sin que «preferencias personales o políticas» interfieran en el proceso. Según el Ejecutivo, la politización del Poder Judicial es uno de los principales obstáculos para garantizar un servicio judicial eficiente.
Críticas de la oposición
Diversos sectores opositores rechazaron la medida y denunciaron que el Gobierno vulnera la división de poderes. Sostienen que esta acción es «manifiestamente inconstitucional» y que el decreto atenta contra el orden democrático.
Muchos califican la designación como «un escándalo» y cuestionan la falta de diálogo con la oposición. Aseguran que no se trata solo del avasallamiento institucional, sino también de que Lijo es un juez con cuestionamientos. Otros referentes políticos advirtieron que la medida podría ser judicializada.
A pesar de la controversia, los pedidos de acuerdo continúan en el Congreso y el Gobierno mantiene su postura. La tensión entre oficialismo y oposición sigue en aumento mientras la designación de los jueces se convierte en un nuevo foco de conflicto político. Fte.Ei
