LA JUSTICIA NUEVAMENTE A CONTRAMANO DE LOS ARGENTINOS: DECLARARON INCONSTITUCIONAL UNA LEY Y ORDENARON LA LIBERTAD CONDICIONAL DE CONDENADOS POR NARCOTRÁFICO

En una decisión que va en contra del sentido común y de la seguridad de la sociedad, la Justicia, con la Cámara Federal de Casación Penal, declaró inconstitucionales varios artículos de la ley 24.660, que impedían la libertad condicional para condenados por delitos graves como narcotráfico, terrorismo, trata de personas y secuestro seguido de muerte. El fallo, adoptado por dos votos contra uno, abre la puerta a la liberación anticipada de decenas de delincuentes, justo cuando el Gobierno de Javier Milei impulsa un endurecimiento de las penas y de la ejecución de sentencias para este tipo de crímenes.

La normativa en cuestión había sido reformada durante la gestión de Mauricio Macri en 2017 para evitar que los condenados por delitos de extrema gravedad pudieran acceder a beneficios que les permitieran salir antes de cumplir su pena. Sin embargo, la sala de feria de Casación, con los votos favorables de los jueces Ángela Ledesma y Juan Carlos Gemignani, decidió flexibilizarla, dejando en minoría al juez Diego Barroetaveña, quien votó en contra de esta medida.

Este fallo responde a la causa «Beati, Carlos Hernán s/ recurso de casación», un caso de narcotráfico en el que la defensa del condenado solicitó la revisión de su sentencia y la posibilidad de acceder a la libertad condicional. La decisión no solo favorece a Beati, sino que sienta un precedente que podría beneficiar a cientos de sentenciados por delitos similares, lo que generó preocupación en los tribunales federales.

Beneficios para delincuentes con condenas firmes

Carlos Hernán Beati había sido condenado a seis años de prisión por ser coautor del delito de tráfico de drogas con fines de comercialización, agravado por la participación de tres o más personas. La Fiscalía, a cargo de Raúl Omar Pleé, se opuso firmemente a concederle este beneficio, pero la Cámara de Casación falló en su contra, priorizando una interpretación garantista de la ley que atenta contra la lucha contra el crimen organizado.

El fallo establece la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis, inciso 10, de la ley 24.660 y 14 inciso 10 del Código Penal, ambos incorporados por la ley 27.375. Con esta decisión, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 3 deberá revisar su fallo y conceder la libertad condicional al condenado.

El argumento de la Justicia para favorecer a los delincuentes
Según la jueza Ledesma, las restricciones que impedían la libertad condicional «atentan contra la progresividad del régimen consagrado en la Constitución y en tratados internacionales de derechos humanos». En su voto, sostuvo que los textos normativos de mayor jerarquía no hacen distinción entre tipos de delitos, por lo que cualquier restricción en leyes inferiores sería una vulneración de derechos.

Por su parte, el juez Gemignani se sumó a la postura de Ledesma, mientras que Barroetaveña, en disidencia, argumentó que no correspondía conceder el beneficio y que la normativa cuestionada era totalmente legítima, en línea con la necesidad de endurecer las penas contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Un fallo que contradice el reclamo de la sociedad

Esta decisión judicial no solo beneficia a Beati, sino que abre la puerta a que otros narcotraficantes, secuestradores y tratantes de personas puedan solicitar su libertad condicional antes de cumplir su condena. Esto se produce en un momento en el que el Gobierno busca avanzar con reformas que refuercen la seguridad y limiten la impunidad.

Resulta paradójico que, mientras el Ejecutivo endurece las medidas contra el narcotráfico, la Justicia tome el camino opuesto, favoreciendo la liberación de quienes han atentado contra la sociedad. Esta postura de algunos jueces solo contribuye a debilitar la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial y refuerza la percepción de que las leyes terminan protegiendo a los delincuentes antes que a sus víctimas.

La Justicia, otra vez del lado equivocado

La decisión de la Cámara de Casación se suma a una larga lista de fallos polémicos en los que la Justicia argentina ha priorizado el garantismo sobre la seguridad de la población. Esta postura, que ya ha generado críticas en múltiples oportunidades, vuelve a quedar en evidencia con la posibilidad de liberar a criminales condenados por delitos de extrema gravedad.

Mientras los ciudadanos exigen mayor firmeza contra el delito y las bandas de narcotraficantes, el Poder Judicial parece decidido a ponerles las cosas más fáciles. Esta no es la primera vez que la Justicia actúa en contra del interés general y, lamentablemente, parece que no será la última. Fte.Ei