JUSTICIA: ES LEY «EL GOBIERNO PROMULGÓ LA BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILDAD A LOS 14 AÑOS»
Tras su aprobación en el Senado, se hizo oficial el nuevo Régimen Penal Juvenil. La normativa endurece las penas para menores, establece la responsabilidad civil de los padres y prohíbe que los adolescentes sean alojados junto a adultos. Una medida que busca frenar la «puerta giratoria» en los delitos cometidos por menores.
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————————————————————————————————–Este lunes 9 de marzo, mediante el decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional promulgó la Ley 27.801, sancionando definitivamente el nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa, que fue una de las banderas de campaña del oficialismo, introduce cambios estructurales en la forma en que la Justicia interviene ante delitos cometidos por adolescentes.
El punto central de la ley es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. A partir de ahora, los menores de entre 14 y 18 años podrán ser juzgados y condenados, aunque la legislación aclara que la privación de la libertad será considerada el «último recurso» y se prohíben las penas perpetuas o indefinidas.
Puntos clave de la nueva ley:
Responsabilidad de los padres: Un cambio fundamental es que los progenitores o tutores legales deberán responder patrimonialmente (con su dinero o bienes) por los daños civiles que causen sus hijos.
Lugares de detención: Se prohíbe terminantemente que los menores sean alojados en comisarías o cárceles comunes. El Estado deberá garantizar establecimientos especializados con personal idóneo para su reincorporación social.
Derechos de las víctimas: La ley otorga a las víctimas el derecho a ser informadas de cada paso del proceso y a participar activamente en las etapas judiciales.
Celeridad procesal: Para evitar que las causas «duerman», se establecen plazos estrictos. Si un juez dilata el proceso injustificadamente, podrá ser sancionado por falta grave.
La sanción en el Senado contó con 44 votos a favor y 27 en contra. Mientras el oficialismo y sectores de la oposición aliada celebran la medida como una herramienta para combatir la inseguridad, otros sectores advierten sobre la necesidad de fortalecer los programas de educación y contención para que la baja de imputabilidad no sea solo una medida de encierro, sino de verdadera recuperación.
Este lunes 9 de marzo, mediante el decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno Nacional promulgó la Ley 27.801, sancionando definitivamente el nuevo Régimen Penal Juvenil. La iniciativa, que fue una de las banderas de campaña del oficialismo, introduce cambios estructurales en la forma en que la Justicia interviene ante delitos cometidos por adolescentes.
El punto central de la ley es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. A partir de ahora, los menores de entre 14 y 18 años podrán ser juzgados y condenados, aunque la legislación aclara que la privación de la libertad será considerada el «último recurso» y se prohíben las penas perpetuas o indefinidas.
Puntos clave de la nueva ley:
Responsabilidad de los padres: Un cambio fundamental es que los progenitores o tutores legales deberán responder patrimonialmente (con su dinero o bienes) por los daños civiles que causen sus hijos.
Lugares de detención: Se prohíbe terminantemente que los menores sean alojados en comisarías o cárceles comunes. El Estado deberá garantizar establecimientos especializados con personal idóneo para su reincorporación social.
Derechos de las víctimas: La ley otorga a las víctimas el derecho a ser informadas de cada paso del proceso y a participar activamente en las etapas judiciales.
Celeridad procesal: Para evitar que las causas «duerman», se establecen plazos estrictos. Si un juez dilata el proceso injustificadamente, podrá ser sancionado por falta grave.
La sanción en el Senado contó con 44 votos a favor y 27 en contra. Mientras el oficialismo y sectores de la oposición aliada celebran la medida como una herramienta para combatir la inseguridad, otros sectores advierten sobre la necesidad de fortalecer los programas de educación y contención para que la baja de imputabilidad no sea solo una medida de encierro, sino de verdadera recuperación.
En distritos de alta conflictividad como La Matanza, la aplicación de esta ley será seguida de cerca, ya que una parte importante de los delitos contra la propiedad y las personas involucran a menores que, hasta hoy, entraban y salían de las comisarías en cuestión de horas.
