EDITORIAL: «EL DILEMA DE LOS GLACIARES: ¿SOBERANÍA ECONÓMICA O HIPOTECA AMBIENTAL?
La reforma de la Ley de Glaciares abre un debate profundo en la sociedad argentina. Mientras el Gobierno Nacional y las provincias cordilleranas ven una oportunidad histórica para atraer inversiones en litio y minería, científicos y sectores sociales advierten sobre el riesgo de afectar las reservas de agua dulce. Un análisis de lo que está en juego para el futuro de la gente.
Por Jorge Victorero. Argentina se encuentra ante una encrucijada que marcará las próximas décadas. La modificación de la Ley de Glaciares no es solo un debate técnico en el Congreso; es la discusión sobre qué modelo de país queremos. Por un lado, la necesidad urgente de generar divisas y empleo; por el otro, la obligación de proteger los glaciares y el área periglaciar, que funcionan como las «torres de agua» naturales de nuestras provincias.
Lo que el país puede ganar (El factor económico): Para las provincias mineras —como San Juan, Catamarca, Salta o Jujuy— y aquellas con potencial petrolero o de cobre como Mendoza y Santa Cruz, la flexibilización de la zona de protección representa «abrir el grifo» a inversiones que hoy están frenadas.
Litio y Cobre: Son los minerales de la transición energética. El mundo los necesita y Argentina los tiene. Destrabar estas zonas permitiría la creación de miles de puestos de trabajo directos e indirectos en regiones históricamente postergadas.
Autonomía financiera: Con mayores exportaciones, las provincias ganarían una independencia económica que hoy no tienen, dependiendo menos de la billetera de Buenos Aires.
Lo que el país puede perder (El factor ambiental): Sin embargo, el riesgo no es menor. El área «periglaciar» (el suelo congelado que rodea al hielo visible) es la que garantiza que los ríos tengan agua durante las sequías.
Seguridad hídrica: Para el agricultor de Cuyo o el vecino del norte, el agua que baja de la cordillera es la vida misma. Si la actividad minera o petrolera afecta estas zonas, el impacto en el caudal de los ríos podría ser irreversible.
Cambio climático: En un mundo que se calienta, los glaciares ya están retrocediendo por causas naturales. Sumarles presión industrial en sus zonas de amortiguación es, para muchos especialistas, una apuesta peligrosa a largo plazo.
La responsabilidad del Estado: El presidente Javier Milei sostiene que esto beneficia a las provincias, y tiene razón en cuanto al flujo de dinero. Pero ese beneficio debe ir acompañado de un control estatal riguroso. No se trata de «minería sí» o «minería no», sino de cómo se hace. El desafío para las provincias es demostrar que pueden fiscalizar a empresas multinacionales con tecnología de punta que garantice que ni una gota de agua se contamine.
CONCLUSIÓN: En definitiva, la nueva Ley de Glaciares es un cheque en blanco que la Argentina está girando contra su propio patrimonio natural. Si se usa bien, puede ser el motor que saque a las provincias de la pobreza. Si se usa mal, las futuras generaciones recordarán este momento como el día en que se sacrificó el agua por una rentabilidad pasajera. La gente necesita trabajo, pero también necesita agua para vivir. Encontrar ese equilibrio es, hoy, el mayor desafío de la política argentina.
