REFORMA LABORAL: ENTRE EL OPTIMISMO OFICIALISTA Y EL «MISTERIO» DE LOS CAMBIOS DE ÚOTIMO MOMENTO
A pocos días del debate en el Senado, el bloque de La Libertad Avanza asegura tener los votos para aprobar la reforma el próximo 11 de febrero. Sin embargo, para lograrlo, debieron aceptar modificaciones secretas en el proyecto original, impulsadas principalmente por el reclamo de los gobernadores sobre la coparticipación y el impuesto a las Ganancias.
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La cuenta regresiva para el tratamiento de la Reforma Laboral en la Cámara Alta ha entrado en una fase de intensas negociaciones a puertas cerradas. Mientras el Gobierno nacional, a través de sus voceros en el Senado, afirma con seguridad que «tienen los votos», la letra fina del proyecto que finalmente llegará al recinto el miércoles 11 sigue siendo una incógnita.
El factor Ganancias: El eje de la disputa Aunque la reforma se presenta como «laboral», el punto que mantiene en vilo a los gobernadores es el impacto fiscal. El proyecto original contempla cambios en el impuesto a las Ganancias que, según cálculos técnicos, implicarían una pérdida millonaria para las arcas provinciales (cerca de 1,7 billones de pesos). Este «agujero negro» en la coparticipación es lo que ha llevado a los mandatarios provinciales —y por ende a sus senadores— a condicionar el apoyo al oficialismo.
Secretismo legislativo En las últimas horas, referentes del bloque oficialista reconocieron que el proyecto ha sufrido modificaciones para alcanzar el «95% de consenso» que hoy ostentan. Sin embargo, se han negado a revelar cuáles son esos cambios, postergando su lectura pública hasta el inicio mismo del debate. Esta estrategia de «secretismo» busca evitar que el frente opositor, conformado por sindicatos e industriales (como mencionamos anteriormente), tenga tiempo de reaccionar ante los nuevos puntos del articulado.
Escenario de alta tensión Desde la oposición y los sectores gremiales, la desconfianza crece. Se preguntan qué derechos laborales se están negociando en el «tira y afloja» por los fondos de la coparticipación. Mientras tanto, el radicalismo y otros bloques aliados mantienen sus dudas, advirtiendo que aún quedan aristas por «limar» para evitar un perjuicio irreparable a las provincias.
Con este trasfondo de hermetismo y negociaciones a contrarreloj, el país mira hacia el Senado. Lo que se decida el 11 de febrero no solo cambiará las reglas del mundo del trabajo, sino que también definirá el nuevo mapa de recursos entre la Nación y las provincias.
