EDITORIAL: LA BAJA DE LA IMPUTABILIDAD, ¿SOLUCIÓN O MAQUILLAJE ELECTORAL?

Por Jorge Victorero, Director. El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad ha vuelto a instalarse en la agenda pública con una vehemencia que, a menudo, parece ignorar la complejidad del drama que pretende resolver. Voces oficiales, como las de la ministra Bullrich y el presidente Milei, enfatizan la necesidad de endurecer las penas para menores de 14 o incluso 12 años bajo la premisa de que «quien comete un delito de adulto, debe recibir pena de adulto». Sin embargo, detrás de la contundencia del eslogan, asoman interrogantes estructurales que la dirigencia política parece eludir con llamativa liviandad.

Cualquier ciudadano «de a pie» que ha sufrido un hecho de inseguridad —especialmente aquellos que han perdido a un ser querido en manos de un menor— tiene el derecho legítimo de exigir justicia y un castigo ejemplar. La impunidad es el veneno de la paz social. Pero la pregunta que debemos hacernos como sociedad, y que los legisladores deben responder antes de levantar la mano, no es solo «a qué edad», sino «cómo» y «con qué», y con quienes.

Supongamos que el Congreso aprueba la ley. Inmediatamente surgen las preguntas que hoy no tienen respuesta oficial: ¿A dónde se llevará a esos menores? ¿Existen hoy en la Argentina institutos de recuperación que no sean meros depósitos de personas o «escuelas de delincuencia»? La realidad del sistema carcelario y de institutos de menores actual es de hacinamiento y degradación. Sumar niños de 12 años a ese sistema, sin una infraestructura adecuada, es firmar un certificado de profesionalización criminal para el futuro.

Más complejo aún es el factor humano: ¿De dónde saldrán los profesionales —psicólogos, asistentes sociales, educadores especializados— que se encargarán de la tarea de reeducar? Reinsertar a un menor que ha crecido en un entorno de violencia y exclusión requiere de un presupuesto y una vocación de Estado que hoy, en pleno proceso de ajuste fiscal y recortes en áreas sensibles como el Hospital Garrahan, parece inexistente.

Bajar la imputabilidad sin presupuesto, sin infraestructura y sin un plan de reeducación serio no es una política de seguridad; es, en el mejor de los casos, un maquillaje para quedar bien ante una sociedad agotada y, en el peor, una maniobra electoralista para ganar votos en base al miedo.

Tratar una ley de esta magnitud sin contestar estas preguntas es un ejercicio de irresponsabilidad legislativa. La seguridad no se soluciona con parches legales que solo sirven para el titular de un diario. Se soluciona con un Estado presente que castigue cuando debe castigar, pero que también garantice que el sistema no sea una puerta giratoria que devuelva a la calle a un delincuente más experto y resentido.

El ciudadano merece honestidad intelectual. Si vamos a discutir la imputabilidad, hablemos de presupuestos, de edificios, de profesionales y de resultados. Lo demás, es solo ruido para la tribuna mientras la realidad sigue doliendo en la calle.