POLÍTICA: LA CGT ENDURECE SU POSTURA Y ADVIERTE QUE LA REFORMA LABORAL PODRÍA SER DECLARADA INCONSTITUCIONAL
La central obrera denunció un «sesgo ideológico» en el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional. Ante la posibilidad de que se vulneren derechos consagrados, la cúpula sindical ya anticipa una batalla judicial para frenar los cambios en la legislación del trabajo, elevando la tensión social y política.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha salido al cruce de la propuesta de reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei con una advertencia contundente: el proyecto carece de sustento constitucional. Según la central obrera, la iniciativa no busca una modernización técnica, sino que responde a un «sesgo ideológico» orientado a desmantelar el sistema de protección del trabajador. Los abogados de la central ya se encuentran preparando presentaciones ante la Justicia para impugnar los artículos que consideran que colisionan directamente con el Artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
El núcleo del reclamo gremial se asienta en que cualquier modificación que implique un retroceso en derechos adquiridos —como la alteración del sistema de indemnizaciones o la limitación del derecho a huelga— es nula de toda nulidad bajo el principio de progresividad. Para los líderes sindicales, el Gobierno intenta avanzar por decreto o mediante leyes «ómnibus» sobre materias que requieren un consenso social que hoy no existe. Esta postura no solo amenaza con judicializar cada punto de la reforma, sino que también deja abierta la puerta a medidas de fuerza directa en todo el país.
Desde el sector sindical se sostiene que el diagnóstico oficial es errado: afirman que la falta de empleo no se debe al costo de las indemnizaciones o a la supuesta «industria del juicio», sino a la caída del consumo y la falta de un plan industrial. La CGT argumenta que flexibilizar el despido en un contexto de recesión solo profundizará la crisis social y debilitará aún más el mercado interno, afectando principalmente a los sectores más vulnerables de la población.
Este nuevo frente de conflicto se suma a la resistencia ya manifestada por los bloques opositores en el Congreso, configurando un escenario de parálisis legislativa para la reforma. Mientras el Gobierno insiste en que el cambio es «urgente y necesario» para atraer inversiones, el sindicalismo unido parece dispuesto a llevar la discusión hasta las últimas instancias judiciales. La resolución de esta disputa será clave para definir el clima de gobernabilidad de 2026 y la estabilidad de las relaciones laborales en la provincia y el país.
