REFORMA LABORAL: BUSCA DESREGULAR LA MATRÍCULA DE ABOGADOS, ENFERMEROS Y MARTILLEROS
Figura en un proyecto que trascendió en las últimas horas. Los colegios de abogados lo resisten. También quitan beneficios a periodistas, viajantes de comercio y por teletrabajo
El Gobierno analiza una fuerte desregulación de los colegios profesionales reduciendo controles y requisitos para los abogados porteños, enfermeros, martilleros, y agentes médicos, actividades hoy alcanzadas por diferentes leyes que establecen una matrícula, normas éticas y sanciones por malas prácticas.
Así surge de un documento oficial que circuló en las últimas horas y que sería el borrador del proyecto que el gobierno presentará en las próximas horas, aunque dichas medidas aún no fueron oficializadas en las modificaciones preliminares presentadas este martes tras la finalización del Consejo de Mayo, sin la participación de la CGT.
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Bajo el título XXV, se deroga una batería de leyes y estatutos que regulan actividades profesionales, entre las cuales figura la eliminación del artículo 2°, inciso b y el segundo párrafo del artículo 18 del régimen para el ejercicio de la abogacía en Capital Federal (Ley 23.187), que declaran obligatoria la matriculación.
Dichas disposiciones establecen que, para ejercer la profesión de abogado en la Capital Federal, se requiere «hallarse inscripto en la matrícula que llevará el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal».
De esa manera, los cambios habilitarían a que un abogado con título habilitante podría ejercer en tribunales de CABA sin matricularse en el colegio profesional, lo que en opinión de algunos letrados apuntaría a debilitar a futuro la fijación de honorarios e incumbencias o que las sanciones queden libradas a sanciones judiciales, alentando un «adoctrinamiento judicial».
«El Gobierno no está habilitado, esperemos al proyecto oficial no creo que introduzcan clandestinamente el tema, no puede renunciarse al poder de policía sobre un ejercicio profesional , sería una irracionalidad absoluta», advirtió un prestigioso abogado.
En tanto, el presidente del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) Bienvenido Rodríguez Basal, señaló que «la matrícula obligatoria trasciende la simple registración formal».
«El artículo 18 de la ley 23.787 no es una norma residual, no es un peaje, es la piedra basada en el sistema colegial contemporáneo que ordena a quien puede ejercer la abogacía, quienes pueden y cómo deben hacerlo, delimita la función pública no estatal del colegio, asegura estándar éticos, protege a justiciables y consolida un modelo de intervención profesional transparente y controlado», aseguró.
Según datos del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, la cantidad de profesionales matriculados ascendió a 60.000 en 2024.
Otras actividades, en la mira
El Gobierno ya intentó en el decreto 70 de diciembre de 2023 la desregulación del ejercicio de la profesión de abogado, liberando la matricula, suprimiendo el régimen disciplinario y eliminando los Colegios Departamentales de Abogados, modificando o derogando las normas arancelarias de orden público, disposiciones que quedaron suspendidas por la Justicia.
Según el informe del Consejo de Mayo presentado este martes por el gobierno, «un profesional que debe matricularse para ejercer su profesión, un comerciante debe habilitar su local, pasar imposibles controles y cumplir exigentes requerimientos antes de poner sus productos a la venta».
En esa línea, el documento oficial que circuló en las últimas horas también desregula la actividad de los agentes de propaganda médica, los requisitos de ejercicio profesional, matriculación y funciones específicas de los enfermeros a nivel nacional, y de martilleros y corredores.
También se elimina el estatuto del periodista, que contiene regulaciones sobre la jornada, estabilidad e indemnizaciones especiales; el estatuto de viajante de comercio, que prevé comisiones mínimas, indemnización especial y condiciones de trabajo; y la ley de Teletrabajo, que establece el derecho a la desconexión, posibilidad de volver al modo presencial y compensación por gastos de electricidad e internet.
