CAUSA VIALIDAD: LA CORTE QUEDÓ A CARGO DE DEFINIR EL DESTINO DE LOS BIENES DE CRISTINA KIRCHNER
El tribunal deberá resolver qué hacer con las propiedades incautadas tras la condena firme. Ricardo Lorenzetti aseguró que Cristina Kirchner “no fue una presa política” y destacó que el proceso respetó todas las garantías.
La Corte Suprema quedó habilitada para decidir el futuro de los bienes incautados a Cristina Kirchner y Lázaro Báez tras la condena firme en la causa Vialidad. Ricardo Lorenzetti sostuvo que la exmandataria “no fue una presa política” y remarcó que el proceso judicial tuvo garantías plenas y sin disidencias relevantes.
La Corte deberá definir cómo administrará el conjunto de propiedades que quedaron bajo su órbita luego de la sentencia firme en la causa Vialidad. La decisión llega tras el oficio enviado por el juez Jorge Gorini, quien puso a disposición del tribunal los inmuebles que fueron incautados durante el proceso. Entre esos activos figuran 20 propiedades vinculadas a Cristina Kirchner y 90 correspondientes al empresario Lázaro Báez.
La causa, que investigó maniobras de corrupción en la obra pública de Santa Cruz, avanzó durante años por distintas instancias judiciales. El fallo final dejó como consecuencia la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la obligación de devolver 685 mil millones de pesos al Estado. La sentencia también abrió un debate político y jurídico sobre el uso que tendrá el patrimonio recuperado.
Lorenzetti descartó la figura de “presa política”
Ricardo Lorenzetti, ministro y expresidente de la Corte Suprema, habló sobre el expediente y fue tajante respecto a la situación procesal de Cristina Kirchner. “No es una presa política”, afirmó. Además, recordó que el caso pasó por cerca de veinte magistrados, muchos de ellos designados durante gobiernos kirchneristas, sin disidencias importantes sobre el fondo.
El juez señaló que el proceso atravesó diversas instancias, apelaciones y revisiones técnicas. Aseguró que hubo respeto pleno de las garantías y destacó que “no hubo presiones” del Gobierno de Javier Milei en causas vinculadas a la expresidenta. También remarcó que el expediente exige prudencia por su impacto institucional.
Qué puede pasar con los bienes incautados
El futuro de los inmuebles está ahora en manos del máximo tribunal. Entre las opciones figura la posibilidad de que el Poder Judicial utilice algunas propiedades o que se subasten de manera pública. Organizaciones civiles y autoridades provinciales pidieron que parte de esos bienes se destinen a fines sociales, con especial atención a Santa Cruz, donde se registraron los perjuicios de las obras investigadas.
El debate creció en los últimos días, ya que distintos sectores consideran que los activos deben volver a la comunidad. Para otros, la prioridad es garantizar que los fondos derivados de una eventual subasta se utilicen en proyectos vinculados a infraestructura y control estatal.
La Corte aún no definió plazos. La decisión final marcará un capítulo clave para la administración de bienes incautados en causas de corrupción.
Fte.Ei
