POLÍTICA: FUERTE OFENSIVA PARA PROTEGER EL REGIMIENTO DE PATRICIOS DE UNA SUBASTA DEL GOBIERNO
El senador radical Pablo Blanco presentó un proyecto para declarar “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable” al Regimiento de Infantería 1
El senador nacional por Tierra del Fuego, Pablo Blanco (UCR), presentó un proyecto de ley para declarar «lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable» el terreno que ocupa el histórico Regimiento de Infantería 1 «Patricios», en el barrio porteño de Palermo. La iniciativa busca frenar el remate de una porción de esas tierras, dispuesto por el Poder Ejecutivo a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
El proyecto, ingresado al Senado, propone además «afectar a perpetuidad la totalidad del terreno al Ejército Argentino». De aprobarse la ley, las instalaciones solo podrían destinarse a actividades vinculadas a la defensa nacional o a fines científicos y culturales.
Freno a la subasta
La iniciativa legislativa es una respuesta directa al llamado a Subasta Pública del Gobierno, que busca vender una superficie de aproximadamente 42.044 metros cuadrados del predio delimitado por las avenidas Bullrich, Cerviño, Santa Fe y Luis María Campos.
«En lugar de aprovechar la finalización de dicha concesión para recuperar este baluarte del patrimonio histórico y cultural de la Nación Argentina y, en particular, de su Ejército, el Poder Ejecutivo Nacional […] dispuso el remate de esa fracción», argumenta Blanco en los fundamentos del proyecto.
Un predio con historia
El Regimiento de Patricios, cuyo origen se remonta a las invasiones inglesas de 1806, se instaló en el predio de Palermo en 1913. El conjunto de edificios y jardines ya fue declarado Monumento y Lugar Histórico Nacional por un decreto del año 2010.
El proyecto de ley del senador radical busca dejar «sin efecto todo proceso administrativo iniciado o por iniciarse que tenga por objeto la enajenación del terreno». En sus fundamentos, Blanco recuerda que es una obligación del Congreso actuar en defensa de «un bien tan caro a los sentimientos de nuestra Nación» y cumplir con el mandato constitucional que le otorga la potestad de «disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional».
