LA JUSTICIA ORDENÓ QUE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SE HAGA CARGO DEL OPERATIVO DE LA MARCHA DEL MIÉRCOLES
El juez Roberto Gallardo hizo lugar a un amparo presentado por UTEP junto a la CGT y los representantes de UEJN.
La Justicia porteña hizo lugar a una cautelar y ordenó que la Policía de la Ciudad se haga cargo del operativo de la marcha del próximo miércoles 9 de abril en defensa de los jubilados, pero organizada por la Confederación General del Trabajo (CGT) el día anterior al paro general. De esta manera, el juez Roberto Gallardo le ordenó a la Ciudad de Buenos Aires que se abstenga de convalidar y/o legitimar la intervención de fuerzas de seguridad federales en el territorio porteño por fuera de los ámbitos establecidos en la Ley de Seguridad Interior, en detrimento de la autonomía local y del rol de la Policía de la Ciudad.
El magistrado hizo lugar a un amparo presentado por la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto con la CGT y los representantes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El juez dispuso que la Ciudad de Buenos Aires delimite el ámbito de intervención y jurisdicción en CABA de las fuerzas federales, a cargo de Patricia Bullrich.
Además, ordenó que se garantice la libre circulación, la libertad de expresión y la seguridad de los habitantes en el ámbito porteño. En su descargo, el juez gallardo ordenó a la Ciudad de Buenos Aires que coordinen y conduzcan un operativo de seguridad para la movilización y que «delimite en forma previa y concreta los denominados ‘objetivos federales’ cuya custodia estará a cargo de las fuerzas federales, restringiendo su jurisdicción al cuidado de los mismos y no al ejido urbano circundante».
El fallo del juez
En el fallo, se aclara que «no se trata, entonces, de un planteo abstracto ni de una mera pretensión de control institucional, sino de una solicitud concreta de tutela judicial urgente frente a un riesgo cierto y razonablemente previsible, vinculado a derechos fundamentales de quienes participarán en la manifestación pública. El riesgo invocado -lesión a la integridad física, a la libertad de expresión y al derecho de reunión, sopesado en la opresión de la autonomía de la CABA- no es meramente conjetural ni hipotético, sino que encuentra sustento en hechos pasados verificables y presumiblemente futuros».
Siguiendo esa línea, recuerda que en los últimos meses «varias manifestaciones en las inmediaciones del Congreso de la Nación han resultado en intervenciones de las fuerzas federales de seguridad, derivando en situaciones de violencia, conflictos y caos». Un ejemplo de esto es el caso del reportero gráfico Pablo Grillo, quien fue herido de gravedad por las fuerzas policiales tras arrojarles el cartucho de un gas lacrimógeno en la cabeza. Fte.Ei
