DURO COMUNICADO: 60 JUECES PORTEÑOS LE PIDIERON AL GOBIERNO NACIONAL QUE DEJE DE PERSEGUIR A KARINA ANDRADE
Los magistrados expresaron su “profunda preocupación” ante las reacciones del Gobierno nacional contra la jueza Andrade, quien liberó a los detenidos de la marcha de los jubilados.
Más de 60 jueces, fiscales y defensores de la Ciudad de Buenos Aires manifestaron su rechazo a la ofensiva del Gobierno nacional contra la jueza Karina Andrade, quien ordenó la liberación de 114 manifestantes detenidos durante la «Marcha de los Jubilados». A través de un comunicado, advirtieron sobre el peligro que representan los cuestionamientos del Poder Ejecutivo a las decisiones judiciales y exigieron el respeto a la independencia del Poder Judicial.
Los magistrados expresaron su “profunda preocupación” ante las reacciones del Gobierno contra la jueza Andrade, titular del juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 de la Ciudad de Buenos Aires. En su resolución, la magistrada dispuso la liberación de los manifestantes, considerando que sus detenciones se dieron en el marco de una protesta pública y con acusaciones infundadas de desobediencia y resistencia a la autoridad.
«El Estado de Derecho está en riesgo cuando el Poder Ejecutivo intenta avasallar las decisiones judiciales», señalaron los firmantes, remarcando que la jueza fundamentó su fallo con argumentos constitucionales y legales. Subrayaron que los jueces deben actuar con independencia y que sus resoluciones no pueden ser objeto de presiones políticas.
La defensa de los magistrados a la sentencia de Karina Andrade
En el documento, los firmantes enfatizaron que las leyes procesales establecen con claridad las funciones de jueces, fiscales y defensores, garantizando el respeto de los derechos fundamentales. La intervención de Andrade, sostuvieron, estuvo enmarcada dentro de sus atribuciones legales y fue una medida de protección de las garantías constitucionales de los detenidos.
Además, cuestionaron duramente el intento del Gobierno de deslegitimar la decisión judicial, advirtiendo que este tipo de ataques socavan la democracia y debilitan el sistema de justicia. «No se puede tolerar que desde el Ejecutivo se busque condicionar el accionar de los jueces», afirmaron en el pronunciamiento.
Los magistrados exigieron que cualquier cuestionamiento a las resoluciones judiciales se realice a través de los canales institucionales establecidos por la ley y no mediante ataques mediáticos o políticos. «La independencia judicial es un pilar esencial para el funcionamiento democrático y debe ser preservada frente a cualquier embestida», concluyeron. Fte.Ei
