ALEJO RAMOS PADILLA MANTENDRÁ LA CAUSA POR EL NOMBRAMIENTO DE JUECES POR DECRETO EN LA CORTE SUPREMA

La estrategia del Gobierno para cambiar el rumbo de la causa contra el decreto que designó a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema fracasó. Los motivos de un nuevo jaque judicial al Ejecutivo nacional, desde La Plata.

La jueza en lo contencioso administrativo federal Cecilia Gilardi Madariaga de Negre rechazó el pedido para apartar al juez Federal de La Plata Alejo Ramos Padilla del expediente, asegurando que la Ley de Amparos no permite discutir la competencia judicial en este tipo de casos.

El Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, había solicitado que la causa pase a los tribunales contenciosos administrativos federales, argumentando que debía ser tramitada en otro fuero. Sin embargo, la jueza De Negre coincidió con el fiscal Miguel Ángel Gilligan, quien sostuvo que la Ley N° 16.986 impide que se planteen cuestiones de competencia en acciones de amparo.

«Se ha interpretado reiteradamente que solo el juez de la causa y el fiscal poseen la facultad de discutir tal cuestión, estando vedada a las partes tal posibilidad», dictaminó el fiscal. La jueza respaldó ese argumento y rechazó el pedido del Gobierno argentino, dejando a Ramos Padilla al frente del caso.

El decreto y la polémica por los nombramientos

El presidente Javier Milei designó a Lijo y García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema mediante el Decreto N° 137/2025, bajo la figura de nombramientos «en comisión». Esta medida generó fuertes críticas, ya que se realizó sin el aval del Senado, que aún debe debatir sus pliegos.

Las designaciones fueron cuestionadas judicialmente por diversas organizaciones como el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Poder Ciudadano, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), además del abogado Luis Fernando Cabaleiro. A todos ellos también se sumó la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, como «amicus curiae».

El rol de Ramos Padilla y los próximos pasos

Ramos Padilla abrió la causa y la tramitó como un amparo colectivo. El Gobierno, por su parte, presentó múltiples recursos para frenar el proceso, incluyendo un pedido para recusar al magistrado y una solicitud de rechazo «in limine» del amparo. Sin embargo, el juez desestimó ambas iniciativas y exigió al Ejecutivo que responda la demanda en un plazo de 10 días.

Ahora, con las partes notificadas, el magistrado quedará en condiciones de definir si declara inconstitucional el decreto. En 2016, Ramos Padilla ya había intervenido en una causa similar, cuando ordenó a la Corte no tomar juramento a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz por haber sido designados por decreto. En aquel caso, el Gobierno de Mauricio Macri terminó retrocediendo y sometiendo los nombramientos al proceso constitucional. La resolución de esta causa podría marcar un precedente clave para los nombramientos en la Corte y la validez del decreto presidencial. Fte.0221